Comunicado sobre las deficientes condiciones en las que el gobierno ha encerrado ilegalmente a más de 500 personas en la cárcel de Archidona

Las organizaciones sociales que componen la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga, hemos mostrado durante estas dos semanas nuestro rechazo y hemos emprendido accions acciones legales ante lo que es una práctica absolutamente ilegal: el internamiento en el Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga, de 464 personas migrantes llegadas días atrás en patera a las costas levantinas, y que ya serían  más de 570 tras el reciente traslado de nuevas personas. El centro, aún sin inaugurar, es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias, lo que supone un hecho de una gravedad sin precedentes.

Al mismo tiempo, durante estas dos semanas, el Ministerio del Interior se ha apresurado a informar sobre la supuesta “idoneidad” de las instalaciones y las condiciones en las que están dichas personas. Sin embargo, la situación real dista mucho de lo que asegura el ministro, como ponen de manifiesto la preocupante información facilitada por los propios internos, sus familiares, las visitas realizadas por abogados de los mismos, e incluso el informe del Defensor del Pueblo, emitido el pasado viernes. Todo ello a pesar de la visita organizada el pasado viernes desde la Subcomisión mixta de Interior, en la que se trató de dar un lavado de cara a las instalaciones y las condiciones de los internos, del mismo modo que no se permitió en ningún caso que las organizaciones sociales pudiesen acceder a dicha visita (ni a ninguna otra) para corroborar el estado de las instalaciones y la situación de los internos. 

Por todo ello, a partir de la información que hemos ido contrastando queremos señalar que:

  • Los internos han permanecido durante, al menos, doce días con la misma ropa ya que el servicio de lavandería no se contrató hasta el día anterior a la visita de los parlamentarios. El viernes pasado, (casualmente día de visita de la subcomisión de interior) se aseguraba que esa misma tarde llegaría un camión de ropa. No podemos confirmar si finalmente llegaron o no.
  • Hasta ese mismo día de la visita de los parlamentarios, la calefacción no estaba en funcionamiento, como se podía apreciar al menos desde la entrada a las instalaciones. En la visita de los parlamentarios comprobaron que en las dependencias del interior (donde está la policía) si hay calefacción, pero en muchas de las zonas de la cárcel hacía bastante frio. Sin embargo los internos apenas llevaban ropa de abrigo y la mayoría vestía sudadera y chanclas con calcetines.
  • No tenemos confirmación de la existencia de un plan de evacuación de incendios, ni del funcionamiento de los detectores de humo, revisión de extintores y otros dispositivos. Del mismo modo tampoco sabemos si funciona correctamente el cierre-apertura electrónico de las celdas (la información que tenemos es que esto no funcionaba aún), imprescindible ante una situación de emergencia. Los propios parlamentarios con los que pudimos hablar nos confirmaron que no pudieron acceder a las zonas comunes ni a las celdas y por tano no pudieron corroborar el correcto funcionamiento de estos dispositivos esenciales. Igualmente, durante la visita al módulo, los extintores del patio no estaban visibles a simple vista.
  • El sistema de videovigilancia funcionaba parcialmente en la visita del DPE, indicando en la visita del día 1 de diciembre que ya estaba subsanada la deficiencia, pero los parlamentarios no pudieron obtener confirmación visual de que esto estuviese subsanado, aunque
  • La propia policía reconoce que se desplazaban a la farmacia más próxima para obtener la medicación que necesitaban los internos. Lo cuál da muestras de la ausencia de equipamiento sanitario y de farmacia en el propio centro.
  • Todos los internos no han podido acceder a sus teléfonos y cargadores, como indica el Defensor del Pueblo en su informe y como alguno de los internos nos ha comunicado. Algunos de ellos siguen teniendo dificultades de acceso a sus pertenencias. En la propia visita se comprometen con los parlamentarios en que esta situación se subsanará ese mismo día, lo cual no hemos podido corroborar. Igualmente no existe teléfono público accesible, ni ningún teléfono para que se pueda contactar desde fuera.
  • Sólo algunos de los internos han podido acceder a sus pertenencias, según información facilitada durante la visita de los parlamentarios.
  • Hasta el día de la visita de los parlamentarios (viernes 1 de diciembre) no había ninguna nota informativa sobre los horarios de visitas. Ese mismo día se improvisó un cartel en la entrada, y únicamente en español, incumpliéndose, ya que por dicha visita no se permitió a las familias entrar en dicho horario.
  • En la actualidad la asistencia médica es prestada por una empresa privada. No queda claro el horario de atención, pero probablemente no es de 24 h teniendo en cuenta que la propia policía reconoce que tuvo que llamar al 061 cuando un chico perdió el conocimiento. El servicio sólo cuenta con un médico y un ATS y parece estar totalmente desbordado. De hecho, en varias ocasiones ha tenido que acudir la ambulancia de Archidona, esto implica que el pueblo se quedaba sin este servicio y, por este motivo, posteriormente han recurrido a ambulancias de Antequera.
  • Las entrevistas con los abogados siguen realizándose tras una mampara de cristal, vigilados por la policía (UIP) y con total ausencia de intimidad. Durante la visita de los parlamentarios, tampoco hubo intimidad alguna, ya que los internos requeridos por uno de los grupos (Unidos Podemos) fueron entrevistados ante la vista de todos los asistentes y acompañados en todo momento por policías antidisturbios que, incluso, contestaban por ellos o los rectificaban. Además en la visita se pregunta por los contactos con el ICAM, a lo que debaten el por qué, ya que las posibles alegaciones hay que hacerlas desde donde se dictó el internamiento.
  • En todo momento es la UIP la que se relaciona con los internos, con las protecciones puestas: cascos, chalecos, defensas de goma extensibles, etc… Los parlamentarios pudieron corroborar en la visita que la UIP es la que organizaba el momento de la comida con esta indumentaria.
  • No tenemos constancia de que se haya subsanado el problema de agua corriente, tampoco los parlamentarios pudieron confirmar este hecho en la visita, ni acceder a los baños ni a las instalaciones comunes. Durante la visita comentan a los parlamentarios que se ha hecho un doble tratamiento de legionela, tras el cual no se podía consumir agua corriente durante dos días, lo cual nos genera dudas sobre cómo se ha contenido el consumo por parte de las 570 personas que se encuentran en el centro.
  • No hay constancia de que se haya facilitado completa información jurídica a las personas internas, incluyendo la posibilidad de solicitar protección internacional (como ha señalado también el Defensor del Pueblo en su informe).
  • En el momento de la visita de los parlamentarios sólo había un intérprete para casi 600 personas, sin embargo les dijeron que “a veces había dos y hasta tres”.
  • No se ha descartado la presencia de menores entre los internos, a los parlamentarios se les indica que había cuatro internos que decían ser menores, realizándose pruebas a los mismos y saliendo positivas en dos de los casos (los cuales se encuentran en el Centro de Menores de Torremolinos). Los otros dos se encuentran en el centro penitenciario. Dichas pruebas tenemos serias dudas que se hayan realizado en presencia de sus abogados.
  • Hasta el mismo día de la visita, no habían podido tener acceso a bebidas calientes (café, leche…), información suministrada por la policía a los parlamentarios durante la visita. A lo largo de esos 12 días sólo se suministraban zumos. Destaca que los responsables del centro, en dicha visita, indican que ya está montada la cocina, no así durante los 12 días anteriores.
  • No está claro quién es el Juez de control, tal y como muestran los responsables del centro ante una pregunta de un parlamentario, indicando que eso es responsabilidad de la Secretaría de Estado.

Por todo ello, desde esta Plataforma, queremos insistir en  recordar que la ley impide que los Centros de Internamiento de Extranjeros tengan “carácter penitenciario”. Los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es “inaceptable” y supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante. Exigimos al Ministerio de Interior que rectifique de manera inmediata en la utilización de cárceles para internar a personas migrantes que no han cometido ningún delito. Además, pedimos el cierre de Centros de Internamiento de Extranjeros y que, en su lugar, habilite dispositivos de acogida para personas que solo buscan un futuro mejor.

 

Málaga 5 de Diciembre de 2017

 

Para más información contactar:

Luis Pernía, Presidente de la Plataforma:  Tlf 630508949,

Gabriel Ruiz Enciso, Portavoz: Tlf. 659428814

Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga,

C/ Juan de la Encina 34, 29013 Málaga

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