Aborto

de Sur a Sur, nº 124: Un grito latinoamericano por un aborto legal

Con motivo de la conmemoración el 28 de septiembre del “Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito” hemos querido aproximarnos a la realidad que se vive en los países latinoamericanos.

En América Latina y El Caribe, el aborto únicamente está permitido en Cuba, Uruguay, Puerto Rico y en la Ciudad de México. En Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se prohíbe en todas sus formas y en el resto de países se permite únicamente por tres causales: violación sexual, inviabilidad fetal y cuando se encuentra en riesgo la vida y la salud de la mujer embarazada. Sin embargo, las prohibiciones nunca han impedido que las mujeres abortemos, sino que empeora nuestra situación, al vernos obligadas a abortar en la clandestinidad; muchas veces en condiciones inseguras, provocando graves complicaciones en nuestra salud y, en muchos casos, la muerte. Según estudios realizados por el Guttmacher Institute, miles de mujeres en la región somos hospitalizadas cada año, debido a complicaciones por abortos inducidos en condiciones de riesgo y de forma insegura, por lo que el aborto continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna en la región.

Sabemos que enfrentarnos a un embarazo no deseado o no planificado no es fácil para ninguna mujer, especialmente cuando convertirnos en madres no es uno de nuestros planes inmediatos; no tenemos las condiciones económicas; no es algo que queramos para nuestra vida; o, peor aún, cuando hemos sido víctimas de violencia sexual. Sin embargo, muchas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina y El Caribe somos obligadas a llevar a término embarazos que nunca deseamos, negándonos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Esto lo evidencian los altos índices de embarazos no planificados a nivel regional. (para seguir leyendo pincha en este enlace)

ASPA condena la propuesta del partido ARENA que pretende incrementar las penas relacionadas con el aborto en El Salvador

ASPA se ha unido, mediante la firma de este manifiesto y el envío de correos electrónicos a las/os diputadas/os de la Asamblea Legislativa de El Salvador, a la campaña de presión política, organizada por Organizaciones Internacionales de Sociedad Civil y Defensoras de los Derechos Humanos de condena de la propuesta del partido ARENA que pretende incrementar las penas relacionadas con el aborto en El Salvador.

Las abajo firmantes, organizaciones miembros de la sociedad civil internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos condenamos enérgicamente  la propuesta de reforma presentada por el grupo parlamentario ARENA al Código Penal en El Salvador. En concreto, denunciamos la lamentable propuesta de elevar las penas criminales de aborto de 30 a 50 años de cárcel; y la propuesta de aumentar las sanciones contra el personal médico, y otros que sean sospechosos de infligir lesiones a la vida prenatal, en el ejercicio de su profesión o a los que abierta o veladamente anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar abortos.

7fa8f_aborto_efeVarios estudios han demostrado que la penalización y/o la restricción al acceso al aborto seguro no reduce el número de abortos.[1] Además, en países en donde el aborto está completamente restringido, y por lo tanto es inseguro, como es el caso de El Salvador, se obliga a las mujeres a poner en riesgo su salud y muchas veces hasta su vida.[2] Una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también ha señalado que a menos que se garantice a las mujeres el acceso a un servicio completo de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a anticonceptivos y al aborto legal y seguro, es probable que se incremente el índice de abortos inseguros en todo el mundo.[3] La Relatoría especializada en Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas ha señalado que la prohibición total del aborto en El Salvador es una causa directa de los altos índices de mortalidad materna en el país.[4] Además, las mujeres jóvenes, pobres y solteras son las que más probabilidades tienen de recurrir a un aborto inseguro, lo que pone de manifiesto el impacto de las leyes restrictivas de aborto en la perpetuación de la desigualdad e injusticia social. Es probable que la implementación de estas leyes restrictivas y sentencias criminales pongan en mayor riesgo la salud y la vida de las mujeres, ya que los proveedores de servicios médicos no podrán brindar el tratamiento necesario a las mujeres que experimenten urgencias obstétricas o postabortos, por temor a ser acusados de facilitar el acceso al aborto.

Una de las más graves consecuencias de la restricción total del aborto en el Salvador es el injusto encarcelamiento de muchas mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas y abortos espontáneos.  Como ha indicado recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), la prohibición total del aborto en El Salvador ha dado lugar a “casos graves de sufrimiento e injusticia”, y ha permitido el procesamiento de mujeres por embarazos malogrados en cualquier circunstancia, siendo las más afectadas las mujeres de las clases socioeconómicas más bajas.[5] El CESCR también ha señalado casos concretos de mujeres como “Las 17”, que accedieron a servicios médicos como consecuencia de amenazas graves para su salud y recibieron sentencias penales extremadamente desproporcionadas por la sospecha de haber abortado, sin permitirles su derecho a un procedimiento reglamentario.[6] Un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas también ha instado al gobierno de El Salvador a que otorgue el indulto a todas las mujeres injustamente encarceladas por complicaciones durante sus embarazos, y a que  revoque sus leyes  restrictivas frente al aborto. [7]

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