Moción del Ayuntamiento de Granada contra el acuerdo Unión Europea – Turquía

Hoy, 24 de junio, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado con el apoyo de PSOE, IU, Vamos Granada y Ciudadanos y la abstención del PP  la siguiente moción para que el Ayuntamiento de Córdoba manifieste su desacuerdo con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados y migrantes

0ef97e96-4536-4f88-bd85-4fa81c6654e7 MOCION AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, AL ALCALDE DE GRANADA Y A TODOS LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Don Jesús Antonio Montes Montes, con DNI 44 296 663C, representante legal de la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en representación la Red Granadina por la Acogida y el Refugio, integrada por las siguientes entidades:

  • Accionenred – Granada
  • Adobe Arquitectura Y Compromiso Social
  • AI Granada
  • Alianza por la Solidaridad
  • ASCUA
  • Asociación granadina Ecológica-gastronómica-cultural La brújula de momo
  • Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía – Granada
  • Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 
  • Caritas Chana
  • Centro social adultos Zaidín
  • Comunidades Cristianas Populares
  • CONGRA
  • Ecologistas en Acción
  • Granada Acoge
  • Granada Laica
  • Iberoamericamigrante
  • JOC  Granada
  • La ciudad accesible
  • Marchas por la dignidad
  • Oxfam Intermon
  • Plataforma BDS Granada
  • Plataforma Granada Abierta
  • Plataforma Zona Norte
  • Setem AndalucÍa -Granada
  • Vivienda Digna Granada

y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente moción para que el Ayuntamiento de nuestra ciudad manifieste su desacuerdo con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados y migrantes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los pasados 17 y 18 de marzo, la Unión Europea y Turquía adoptaron un acuerdo que supuestamente pretendía solucionar lo que se vienen denominando la « crisis migratoria ». Desgraciadamente este acuerdo ignora obligaciones internacionales de la UE,  utilizando  toda una argucia jurídica en menoscabo de los derechos fundamentales  y de una Convención de Ginebra poco defendida por el Alto Comisionario para los Refugiados.

El gobierno de España en funciones ha permitido y apoyado este  acuerdo que vulnera los derechos de los refugiados en contra de la posición acordada por el Parlamento que exigía garantías en el respeto de las leyes de protección internacional. Así, frente a la posición consensuada de todos los partidos en el Parlamento, y frente a una enorme movilización ciudadana, el Gobierno en funciones ha participado en un acuerdo con Turquía que mercadea con miles de personas a cambio de concesiones políticas y económicas.

El acuerdo no contiene compromisos concretos para incrementar el reasentamiento o para ofrecer rutas legales y seguras para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. La excusa de crear una solución que acabe con el tráfico de personas, reasentando a una persona por cada una de las devueltas a suelo turco, crea un falso discurso. Como consecuencia de esta propuesta, precisamente lo que se fomentará es que las personas tomen otras rutas más peligrosas.

13466151_1358839127464154_1629746870718032313_nFrente a esto es necesario una alternativa humana, legal y responsable, basada en el reasentamiento incondicional de personas refugiadas con un número de plazas disponibles suficientes. Y esto sólo es posible con  una voluntad política de los países de la UE para hacer que el sistema de reubicación funcione de manera respetuosa con la legislación internacional y los derechos humanos.

La propuesta de que por cada persona refugiada siria que sea devuelta a Turquía desde Grecia la UE acepte a otra también siria enviada desde Turquía es inmoral y carece de fundamento jurídico sostenible. Supone que para que la UE acepte a un refugiado, previamente otra persona, a la que se expulsará, ha debido jugarse la vida para llegar a Grecia desde Turquía.

Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a procedimientos de asilo individualizados y con todas las garantías. Sin embargo, el acuerdo entraña el riesgo de las expulsiones colectivas, ya que no se explica bien cómo van a poder evaluarse de manera significativa y con todas las garantías jurídicas suficientes las solicitudes individuales en procedimientos de asilo acelerados. Ya ha habido denuncias de algunas ONG presentes en la zona.

Por otra parte, miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo que proceden de lugares que no son Siria, como son afganos o iraquíes, que representan, junto con los sirios, el 90% de las llegadas a Grecia, se enfrentan a grandes obstáculos para acceder al asilo. Aunque se ha indicado que no serán devueltas a Turquía, no existen garantías en el acuerdo para que así sea, y no la protección legal internacional  vaya a ser efectiva. Las devoluciones sumarias no solo son contrarias al derecho internacional sino también a la legislación nacional turca.

Más allá de que Turquía acoja ya a casi tres millones de refugiados sirios, los dirigentes europeos la designan  como responsable y a la vez como socio privilegiado. Para eso no dudan en cerrar los ojos sobre las derivas autoritarias de Erdogan, que ha lanzado una verdadera guerra civil contra una parte de su población, los Kurdos, y de utilizar todos los medios para acallar a sus oponentes políticos. Hoy Turquía no es un país seguro  ni para sus propios ciudadanos ni para los refugiados. La UE está dispuesta a todas las maniobras jurídicas para que Erdogan acepte limitar las salidas hacia Grecia, que permita patrullar a la OTAN , transformada en una agencia de vigilancia de las fronteras europeas, en sus aguas territoriales y que acepte readmitir en su territorio a  los exiliados que han pasado por Turquía y hayan sido expulsados de Grecia. El nivel de ceguera política, de desprecio de los derechos fundamentales y la bajeza moral de los negociadores de la UE es tal que prevén cambiar la reinstalación en la UE de los demandantes de asilo que viven en la mayor precariedad en Turquía a cambio de la aceptación por esta última de un contingente equivalente de personas que ya se encuentran en busca de asilo y refugio en Grecia

Alrededor de 13.000 personas, muchas de ellas mujeres y niñas y niños pequeños, continúan atrapadas en la frontera entre Grecia y Macedonia, en lugares como Idomeni, donde se hacinan y enfrentan a precarias condiciones bajo la lluvia y con dificultades para acceder a servicios mínimos como agua, alimentos y cobijo. Se trata de una crisis humanitaria que amenaza con degenerar aún más y convertirse en catástrofe si no se toman medidas urgentes. Sin embargo, en lugar de hacer que el sistema de reubicación funcione, hasta ahora inoperativo por la falta de voluntad política, lo que propugna el acuerdo es que los flujos irregulares de migrantes busque nuevas rutas siempre más peligrosas, más largas y por supuesto más caras y, por ende, reducidas a las personas más pudientes económicamente.

Por todos estos motivos las entidades firmantes consideramos que este acuerdo, además de ser inmoral, incumple la legalidad internacional ya que no respeta el derecho de asilo ni la legislación internacional y, al pretender externalizar su gestión a Turquía, legitima las devoluciones colectivas en caliente y obvia la protección efectiva de los derechos humanos.

Por todo ello instamos a la corporación municipal de la ciudad de Granada, declarada “Ciudad Refugio” por el propio Ayuntamiento, que se reafirme en su declaración, dándole contenido a la misma, preparando un plan que posibilite el acogimiento en nuestra ciudad a los refugiados que puedan llegar y adoptando los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Mostrar su oposición firme y rotunda al actual acuerdo.

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de España que proponga y apoye urgentemente la suspensión de la aplicación del mismo.

TERCERO: Proponer al Gobierno de España que desde el propio Gobierno se solicite la modificación del acuerdo entre la UE y Turquía priorizando las siguientes medidas para respetar la legalidad internacional y ejercer una verdadera solidaridad.

1.-Puesta en marcha de una política común real en materia de inmigración y asilo, priorizando el respeto a los derechos humanos y facilitando formas seguras de acceso para las personas que buscan refugio.

2.-Cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes en cuanto a   la reubicación y reasentamiento de los refugiados.

3.- Exigencia a la comunidad internacional para se implique en conseguir un alto el fuego en Siria que establezca corredores humanitarios y permita la reconstrucción del país en base a la justicia y el respeto.

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