Libia, ¿un país seguro?

La UE mantiene un silencio preocupante sobre la compraventa de personas en Libia, el penúltimo peldaño del camino que miles de migrantes pretenden culminar en Europa

Un reportaje en televisión de la CNN destapó a finales del año pasado una realidad ante la que la UE mantiene un silencio preocupante: la compraventa de personas en Libia, el penúltimo peldaño del camino que miles de personas migrantes inician en África subsahariana y pretenden culminar en Europa.

No era más que una consecuencia más de la decisión de la UE de considerar a Libia como país seguro y, por tanto, disponer que este país africano sea frontera para frenar la llegada de inmigrantes.

Sin embargo, los expertos, desde el primer momento, hicieron constar que desde el derrocamiento de Muamar el Gadafi, Libia es un país a la deriva, un Estado fallido en el que tres facciones se disputan el poder, donde no existe un Gobierno estable, y la UE solo reconoce al Consejo Nacional de la Transición; donde al auge del yihadismo y el vínculo de los clanes tribales del sur con los traficantes de personas está demostrado. De hecho, la propia UE reconoce que 1,3 millones de personas están «en situación de emergencia humanitaria en Libia». Los mismos expertos no entienden cómo se ha llegado tan rápido al estado fallido de Libia si no es la lucha por el control de esta joya energética de África.

La ruta de la inmigración que parte de países subsaharianos como Malí, Níger, Nigeria o Senegal siempre ha comprendido riesgos. En 2014 pudimos conocer a un grupo de unas treinta personas venidas de India que residían en los montes de Ceuta y nos informaron de la muerte de casi otra quincena que formaba el grupo en esta complicada ruta. Eran como tantas personas, que emprenden la ruta sur-norte, desde África subsahariana, sabiendo que están expuestas a vejaciones inhumanas y difíciles situaciones, pero también sabedoras de que quizá un golpe de suerte les permitiría llegar a Europa.

Pero la inseguridad de Libia ha alcanzado en los últimos meses un grado de barbarie incalificable. Ya el 16 de abril de 2017 la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) alertó sobre la venta de refugiados como esclavos en Libia. Una práctica en la que personas con los tobillos y la manos atadas, a veces colgadas por los pies desde los barrotes de una ventana, ha venido produciéndose, hasta que seis meses después, el 14 de noviembre, la cadena estadounidense CNN emitió un reportaje con imágenes grabadas en el norte de Libia, en las que la reportera era testigo de ese tráfico de seres humanos. El precio oscilaba entre los 200 y los 500 dólares (entre 171 y 429 euros, aproximadamente) y se pagaba más por los sanos, por las mujeres guapas y por quien tenga formación u oficio previos, como albañiles, pintores, granjeros, recolectores o carpinteros. El impacto de las imágenes reveladas por la CNN provocó indignación y fueron la prueba de la existencia de una normalización del trato vejatorio a las personas migrantes y la realidad de que sus vidas no valían casi nada de tal manera que se podía comercializar con ellas como si fueran un producto del mercado. A su vez, trabajadores de la OIM en Níger confirmaban que la venta de migrantes también como esclavos se hacía también en garajes y lugares de Sabha, por los propios conductores que les llevan en la ruta migratoria, o por personas locales que les reclutan para trabajos de un día en la ciudad, a menudo para la construcción, y después en lugar de pagarles, los venden a nuevos compradores.

El origen de la extrema situación en la que se encuentran estas personas en tránsito por el Magreb está en la mezcla entre la aplicación de los Acuerdos de Schengen (entraron en vigor en 1995), con los que la Unión Europea consolida recientemente sus fronteras externas. Desde el momento en el que la UE convierte a Marruecos –como más tarde haría con Turquía para frenar la llegada de refugiados de Siria a las islas griegas–, o en la actualidad a Libia, en los gendarmes de Europa, creando una falsa frontera más allá del Mediterráneo, la situación para las personas que intentan llegar a Europa se agrava. El anhelo de convertir la UE en una fortaleza cristalizó de forma fehaciente en la Cumbre de La Valeta (Malta) del 3 de febrero de 2017 y sentó las bases para convertir al caótico país africano de Libia en el Estado 29 de la Unión para atajar el flujo migratorio del Mediterráneo central con un costo inicial de 130,8 millones de euros. La declaración de Malta incluye redoblar la presencia de guardacostas libios en el Mediterráneo para que los rescates no sean realizados por efectivos europeos.

La compleja situación en Libia hace que se reactiven rutas alternativas. Durante 2017 han vuelto a ser punto de partida las costas de Argelia y Marruecos para embarcar a las personas migrantes. «Hacía más de 10 años que los inmigrantes no llegaban en desvencijadas embarcaciones de madera, las conocidas popularmente como pateras. Sin embargo, este año se han vuelto a ver, sobre todo con personas de origen magrebí», apuntó una activista de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. A su vez, el Ministerio de Interior ha advertido a las ONG de que se preparen este año para la llegada de numerosas personas migrantes por la ruta sur, ya que la ruta central por Libia presenta las conocidas dificultades.

La consideración de Libia por parte de la UE como país seguro para retener a migrantes y refugiados en el norte de África no ha hecho más que poner en evidencia sus políticas migratorias, pues alimentan el negocio del sufrimiento humano y, en los últimos tiempos, criminalizando a las ONG como los recientes casos de la retención del barco de Proactiva Open Arms en Catania, el encausamiento de Helena Maleno en Marruecos o el caso de los bomberos de PROEM-AID judicializados en Grecia, cuyo delito, en todos los casos, es salvar vidas en el Mediterráneo.

Luis Pernía Ibáñez

Publicado el 30 de abril de 2018 en el Diario Sur

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