Andalucía, políticas beneficiarias para lxs más ricxs y de recorte para servicios públicos

Los resultados de las elecciones celebradas en Andalucía (2D) han sorprendido. Ni encuestas, ni medios, ni siquiera las  redes sociales, vaticinaban el vuelco electoral provocado por la inmersión en el Parlamento de la ultraderecha, convertida en “llave del cambio”, tras casi cuarenta años de Gobierno Socialista. El pasado 9 de enero  los tres partidos, que dieron cuerpo a la mencionada ultraderecha, firmaron un acuerdo para formar gobierno en Andalucía con una serie de puntos programáticos que debían vertebrar la legislatura.

El documento programático  tranquilizó a algunxs, pero no a todxs, porque buena parte  de las propuestas siguen intactas. Cabe mencionar la creación de una Consejería de la Familia, la prevención del fundamentalismo islámico, la promoción de la escuela católica concertada, el rechazo de la memoria histórica o la exaltación de la caza y la tauromaquia.

Pero en este sentar cátedra hay puntos de naturaleza económica a los que se ha prestado poca atención. Esto se debe sin duda a lo áridas  que suelen ser este tipo de propuestas, pero también al interés que existe en que pasen desapercibidas. Pero al fin y al cabo,  las principales medidas económicas del acuerdo benefician sobre todo a lxs más ricxs de la población andaluza y ejercen más presión sobre los servicios públicos que benefician a quienes menos recursos tienen.

Básicamente el grueso del gasto de la Junta de Andalucía  se centra en la salud (el 36% del gasto total), en educación (23,4%) y en protección social y vivienda (7,3%). Si añadimos los gastos medioambientales y en ocio y en cultura obtenemos un total de 69,7%. El resto de partidas no son apenas “recortables” porque son necesarias para lograr el funcionamiento de la administración.

1. La masa de la extrema-derecha dará palmas con las orejas por medidas como éstas, como si el dinero  no fuera también nuestro. Pues bien, esas medidas del nuevo gobierno, de llevarse a cabo en los próximos cuatro años, implicarán una importante transferencia del presupuesto público, que ahora se gasta en los institutos, centros de salud y hospitales públicos, a manos privadas. Si se cumplen los pactos dos de las reformas anunciadas de finiquitar la subasta de medicamentos y concertar el bachillerato, las empresas farmacéuticas y la Iglesia recibirán una importante cantidad de dinero público, que en este momento no reciben. El presupuesto de la Junta en Educación y Sanidad ascendió en 2018  a más de 15.000 millones de euros. Es imposible saber, en este momento, la factura final que pagará el Gobierno de Andalucía a las compañías farmacéuticas en los próximos años, pero existen cifras que pueden dar una orientación, como es la cantidad que se ahorraba el Servicio Andaluz de Salud con la subasta de medicamentos  y que entre 2012 y 2018   ha permitido recabar  568 millones de euros. Y para encontrar una referencia del amplio margen que tiene el Gobierno  de la triple alianza de PP, Ciudadanos y Vox, para aumentar el dinero público a la Iglesia  por los conciertos, se puede acudir al informe Sistema estatal de indicadores de la educación 2018. Ahí se lee que el gasto público en educación se elevó en toda España a 46.597,8 millones de euros para el año 2015. De ellos, 5.915,9 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,1% del gasto público total en educación. En Andalucía la educación es hoy eminentemente pública. En 2018 fue la cuarta comunidad que menos fondos transfirió a la escuela concertada, que, en su amplia mayoría, gestiona la Iglesia católica: un 10% (746 millones de euros) cuatro puntos menos que la media española. Las comunidades que más dinero transfieren a la Iglesia fueron: País Vasco (24,4%), la Comunidad Foral de Navarra (21,1%) y Madrid (19,6%).

2. Otro impuesto que beneficia sin pudor a lxs ricxs es el de la Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto grava la transmisión de bienes y/o derechos por personas físicas, ya sea por causa de fallecimiento (sucesión) o por voluntad entre las partes (donación). A diferencia del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una herramienta muy efectiva para disminuir la desigualdad de la riqueza y para fomentar la igualdad de oportunidades. De hecho, recuérdese que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Pues bien, si se aplica la medida recogida en el pacto se perdonarían 99 euros de cada 100 euros a quienes tuvieran que pagar por este impuesto. No se trata da una medida original: PP y Ciudadanos llevan tiempo defendiéndola.  El problema es que este impuesto es pagado fundamentalmente por las capas más acaudaladas de la población. De hecho, según lxs técnicxs del ministerio de Hacienda, suprimir este impuesto beneficiaría sobre todo al 0,7% más rico de los contribuyentes. Estamos hablando de que se les perdonarían los impuestos a personas que ganan de media más de 103.000 euros al año, que no es precisamente el caso del currito medio.  Es una medida pensada exclusivamente para lxs acaudaladxs. Andalucía recauda anualmente en torno a 255 millones de euros por este impuesto, una cantidad que se perdería casi en su totalidad.

3. Con Trump, Le Pen, Bolsonaro y ahora VOX con sus padrinos el fantasma del fascismo ha entrado a la escena política internacional y todo hace pensar que será muy difícil que no se quede. Para ocultar esta realidad se seguirán lanzando nubes de polvo como es el caso de otra medida que no beneficia a la mayoría social con menos recursos y que está pensada exclusivamente para los más adinerados como es la  reducción del tramo autonómico del impuesto del IRPF para equipararlo con la escala estatal. El IRPF tiene una parte estatal y otra que decide cada comunidad autónoma. Actualmente Andalucía tiene el IRPF un poco más elevado que la escala estatal pero solamente para las personas que ganan más dinero (grosso modo, pagan un 0,5% más quienes ganan más de 28.000 euros al año, un 1% más quienes ganan más de 35.200 euros, y un 3% más quienes ganan más de 50.000 euros). Esta medida, por lo tanto, dejaría intacto el pago del IRPF a los que ganan menos de 28.000 euros al año (la inmensa mayoría) y en cambio se lo bajaría notablemente a aquellos que ganan más de 50.000 euros.

4. En cuanto a la reducción del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un  impuesto que se paga, entre otras cosas, en las hipotecas.  Es un impuesto que se paga en función de la cantidad monetaria empleada en la transacción correspondiente, por lo que reducir este impuesto beneficiaría más a las personas que más dinero utilicen, es decir, a las más adineradas.

5. En relación a abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada supondría  que las empresas privadas contratarían a paradxs pero parte del salario  se lo pagaríamos lxs contribuyentes a través de nuestros impuestos. Dinero público que se utilizaría para negocio privado.

En el acuerdo se pueden leer medidas orientadas a reducir el gasto público en partidas como las convocatorias de subvenciones, organismos superfluos de la administración pública, o la Radio Televisión Andaluza, pero esto solamente supone migajas para una administración pública. Hay que tener en cuenta que el total de estos servicios generales de la administración pública suponen solamente el 17,50% de todo el gasto de la Junta de Andalucía, de forma que la eliminación de supuestas duplicidades e ineficiencias no ahorraría ni un 5% del total del gasto.

Y sabiendo que la espada de Damocles para la economía andaluza es la deuda acumulada la aplicación de las políticas anteriormente señaladas por el nuevo gobierno supondrán, sin remedio, elevar impuestos y hacer nuevos recortes sociales.

Luis Pernía Ibáñez

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