Acoso a las ONGs

Parece que nuestra gente del mundo de la solidaridad comparte, de manera cada vez más unánime, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está siendo desplazada por intereses económicos y una ideología deshumanizadora.

Ahí está el reciente discurso de nuestro amigo Jose Chamizo, anterior Defensor del Pueblo en Andalucía con ocasión de su investidura como Doctor Honores Causa por la Universidad de Cádiz el 8 de febrero de 2019. “Vivimos una extraña encrucijada en la que los soportes ideológicos que hemos mantenido durante años, tal vez desde el final de la segunda guerra mundial, están siendo sustituidos por otros que pretenden ocultar la dura realidad en la que viven millones de personas. Los Derechos Humanos han sido desplazados por los intereses económicos y por ideas que giran en el ámbito de la deshumanización. El fascismo está llegando lentamente con otras caras, presuntamente más modernas, más dialogantes, pero con la misma dosis de crueldad. El desprecio a pobre, la Aporofobia, es en el fondo la nueva bandera de estos insensatos e insensatas. Hay asco, terror, desprecio a los que viven en la pobreza, da igual que sean sin hogar o inmigrantes y refugiados. Si eres rico no importa la nacionalidad ni tu estatus social aunque el dinero proceda de actividades ilícitas”.

En este contexto de menosprecio a los Derechos Humanos se inscribe como primer paso el acoso y derribo de las ONGs en muchos lugares y de maneras muy diversas.

Como botón de muestra está un renovado control de las actividades de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Brasil. Es el caso de la Medida Provisional nº 870 que fue lo primero que firmó Jair Bolsonaro al llegar al poder, estableciendo la estructura básica del Ejecutivo. Al frente de estas medidas de control está el general Carlos Alberto dos Santos Cruz encargado de vigilar de cerca a las organizaciones no gubernamentales. El texto de dicha medida viene a decir que el general Santos Cruz se encargará de “supervisar, coordinar y monitorear las actividades –y realizar seguimiento de las acciones– de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”.

Sin dar un paso atrás el colectivo “Pacto pela democracia”, constituido por un centenar de organizaciones y movimientos sociales, envió una carta al mencionado general remarcando, entre otras cosas, que en Brasil ya existe y está vigente el Marco Regulador de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que pueden ser objeto de procesos legales como cualquier otra institución. Solicitaban una audiencia para acercar posturas, pero de momento la única organización no gubernamental que ha sido recibida por el ministro ha sido Human Rights Watch. Se trataba de una reunión metódica pero oportuna.

El jefe de gabinete pidió a los tres representantes de Human Rights Watch que dejaran sus teléfonos móviles en una sala contigua. Nunca les había pasado algo similar. Los tres activistas se negaron, y estuvieron a punto de cancelar la reunión. Una vez desatascada la situación e iniciada la conversación, el general Santos Cruz les certificó que los trabajos de fiscalización a las ONG que trabajan en Brasil ya han comenzado, y que se encuentran en fase de mapeo. “No explicó el siguiente paso”, cuenta unos de los asistentes de Human Rights Watch tras el encuentro con el general y manifestó que es una medida preocupante, porque no tiene en cuenta el papel de las ONG vigilando al gobierno. Aquí es al contrario, el gobierno vigila a las ONG.

La presión a las ONG por parte de la extrema derecha brasileña, hoy al frente del país, hay que enmarcarla en los precedentes de Jair Bolsonaro. Así lo sostiene Renata Neder, coordinadora de investigaciones de Amnistía Internacional Brasil. “La Medida Provisional 870 no puede ser vista de manera aislada, sino analizada en un contexto más amplio, el de las propuestas y discursos públicos del presidente Jair Bolsonaro durante su campaña electoral el año pasado”.

Las amenazas durante los comicios no se olvidarán fácilmente. “Vamos a poner punto y final a todos los activismos de Brasil”, dijo Bolsonaro, en el pronunciamiento del 7 de octubre, tras las votaciones de la primera vuelta. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales difundieron rápidamente una nota de repudio. En el discurso telefónico de Bolsonaro, emitido en el acto electoral de la avenida Paulista (São Paulo), el 21 de octubre, mantuvo el nivel de belicosidad: “Será una limpieza nunca vista en la historia de Brasil”.

Pero esta estrategia de ataque desmesurado viene de atrás. En la memoria colectiva sobresalen dos casos más, hace tres años y medio durante la audiencia pública organizada el 16 de septiembre de 2015 dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, Bolsonaro desafiaba al Instituto Sou da Paz. Se debatía la actividad policial, el uso de la fuerza y las armas de fuego. Bolsonaro respondía a la intervención de una activista: “Si un día tuviera poderes para tal, no va a haber un céntimo para las ONG, ni un céntimo para cualquier órgano relacionado con los derechos humanos. Vais a tener que trabajar, vais a dejar de vivir a costa de la desgracia de un policía militar y de un policía civil”.

Ese mismo mes, tras el lanzamiento de uno de los informes de Amnistía Internacional Brasil, Bolsonaro advirtió a esta organización que si un día llegaba a alcanzar el mandato presidencial, no les iba a permitir “interferir en la vida interna del país”. Con estos precedentes, señala la Medida Provisional 870 da pasos muy peligrosos hacia la restricción del derecho de libre asociación y puede desdoblarse en interferencias indebidas en las actividades de la sociedad civil organizada. El Estado brasileño debería actuar para proteger derechos, y no para restringirlos.

Ante semejante desinterés, “Pacto pela democracia” ha comenzado a “construir un diálogo para actuar en la revocación de esa medida junto al Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República”. El objetivo final es que el Tribunal Supremo declare inconstitucional esta vigilancia y control a las ONG.

Otro ejemplo, más cercano, de este acoso al mundo de la cooperación es el reciente artículo de Agustín Rivera en el Confidencial publicado el 2 de febrero de 2019 donde, al albur de nuevos aires de la ultraderecha en el nuevo gobierno andaluz, descerraja a la Agencia de Cooperación Andaluza a la que describe como embajada oculta de la Junta con dispendio de sueldos, viajes y toda serie de males sin bien ningún. Un artículo presentado como “investigación” que no es otra cosa que “un corto y pego” para hacer un alegato destructivo de la cooperación andaluza, que no cabe duda tiene sus luces y sus sombras, pero que tiene una historia sobradamente generosa y modélica.

Finalmente otro botón de muestra, como en la vieja Roma donde los cristianos habían sido acusados del incendio de la ciudad, son los impedimentos a que zarpen los barcos que salvan vidas en el Mediterráneo señalados con el dedo por “traficar con personas”. Como han denunciado las ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y Open Arms que entregaron el jueves, día 7 de febrero, 139.000 firmas en el Congreso para “liberar” los buques de salvamento Aita Mari y el Open Arms de manera que puedan prestar ayuda en la zona del Mediterráneo central, “donde se está viviendo un drama humanitario sin respuesta por parte de la Unión Europea”.

Vistas así las cosas solo nos queda seguir creyendo en la utopía y el trabajo humilde de cada día para cambiar las cosas susurrando el mantra de Silvio Rodríguez en “Ánimo gente mía”: A la noche más negra siempre le amanece el día.

Luis Pernía Ibáñez

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