Devoluciones en caliente

Creo que fue Foucault o quizá otro estructuralista el que, como hacen los grandes filósofos, no hizo sino destacar lo obvio: la importancia de los relatos como explicación previa sobre la que construimos nuestras aparentes explicaciones o racionalizaciones. Digo obvio porque, desde que los seres humanos nos podemos llamar así, hemos construido mitos, leyendas, relatos al fin, para ello, y en ellos reside nuestra forma de ver el mundo, nuestras ideologías y prejuicios, como una organización inconsciente de miedos, culpas, intereses y afanes que pocas veces llegamos a hacer explícitos o incluso a explicarnos a nosotros mismos, y que llegan a formar, peligrosamente, parte de la identidad en que nos reconocemos.

Desde esta perspectiva, la identificación de esos relatos que están detrás de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, se convierte en un instrumento imprescindible de análisis. Contaré mi abordaje de lo que pretendo, desde un sentimiento de indignación e impotencia: las devoluciones en caliente.

En derecho migratorio, una devolución en caliente o devolución sumaria es la práctica, generalmente por parte de los cuerpos de seguridad del estado, de expulsar del país a un inmigrante irregular en el momento en el que intenta cruzar la frontera, sin serles aplicadas ninguna de las protecciones y garantías de la legislación de extranjería del país. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas han declarado que las devoluciones en caliente atentan contra los Derechos Humanos.

Esta práctica es común a lo largo de la frontera entre España y Marruecos, en las vallas limítrofes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A pesar de las múltiples advertencias por parte de tribunales internacionales y de organizaciones no gubernamentales, la Guardia Civil continúa esta práctica en la actualidad. En julio de 2015 la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana convirtió en legal de forma efectiva esta práctica.

El término “devolución en caliente” comenzó a ser usado por los medios en 2005. En septiembre de ese año varios cientos de personas provenientes de África subsahariana intentaron cruzar la valla de Ceuta para adentrarse en territorio español. La respuesta por parte de la Guardia Civil provocó cinco muertos y más de 100 heridos. Un total de 156 personas consiguieron cruzar. Varias decenas de inmigrantes fueron detenidos y, sin ser procesados por las autoridades judiciales, fueron transportados de vuelta al desierto.

Pues bien, la devolución en caliente en la que quiere poner el énfasis este relato es la ocurrida el 3 de enero de este 2020, donde un grupo de 42 personas donde había dos niños y  24 mujeres arribaron de madrugada a las islas Chafarinas y de donde fueron recogidas por la Guardia Civil y sin pasar los dispositivos sociales y jurídicos que demanda la ley fueron entregadas a la Marina Real Marroquí que les llevó a Ras El Kebdana. Allí cada persona sufrió una suerte diferente: algunos hombres fueron encerrados en un centro de detención, algunas mujeres fueron desplazadas al sur y algunas personas enfermas fueron asistidas en el hospital.

Un incidente que  pone sobre la mesa del nuevo gobierno el cumplir la ley o no en esta materia, que de forma resumida es la siguiente:

  1. La devolución de extranjeros que hayan sido interceptados en la frontera o sus inmediaciones requiere una resolución de las autoridades, asistencia letrada y de un intérprete (art. 58.3.b) LOEX. Ley de extranjería)
  2. Ley de asilo: las expulsiones en caliente, en cuanto impiden alegación y tratamiento individualizado, imposibilitan el ejercicio del derecho al asilo de la Ley 12/2009.
  3. Constitución española: el artículo 13.4 reconoce el derecho al asilo en los términos que establezcan los tratados y la ley.
  4. Código Penal: Los funcionarios que expulsan a los inmigrantes pueden incurrir en varios delitos, como coacciones, privación de asistencia letrada y prevaricación
  5. Directiva de retorno. Exige a los Estados miembros de la UE la existencia sistemas justos y eficaces que garanticen el derecho de asilo (Directiva 2008/115/EC).
  6. Directiva de asilo: Obliga a las autoridades a proporcionar garantías legales a todo demandante, como la asistencia jurídica, y de un intérprete (Directiva 2005/85/EC).
  7. Carta de los DDHH de la UE. El artículo 18 garantiza el pleno ejercicio del derecho de asilo. El 19.1 prohíbe las expulsiones colectivas.
  8. Convenio europeo de DDHH. El artículo 3 prohíbe la tortura, penas o tratos inhumanos y degradantes. El 13 garantiza el derecho al recurso efectivo.
  9. Convenio de Ginebra. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará en virtud de una decisión conforme a los procedimientos legales vigentes (art. 32), es decir, debe contar con protección jurídica efectiva.
  10. Estatuto de refugiados. El Protocolo de 31 de enero de 1967 aplica la Convención de Ginebra de la ONU a todos los refugiados, más allá de la fecha límite establecida en 1951.
  11. Declaración de DDHH. El artículo 12 reconoce que toda persona tiene derecho a buscar asilo.
  12. Pacto Internacional de Derechos Civiles. Garantiza el derecho a recurrir, acceso a un procedimiento de expulsión y la asistencia jurídica con intérpretes.

Luis Pernía (ASPA)

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