El Gobierno provisional de Bolivia, atrapado en la tormenta del COVID19

  • El país, dirigido desde hace ocho meses por un gobierno provisional no electo, está viviendo una crisis sanitaria sin precedentes y las autoridades están desbordadas
  • El descontento aumenta, la economía está acorralada y el ejecutivo ha decidido apostar por la firmeza

La pregunta es cuándo podrán votar los bolivianos. El pasado 23 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano, Salvador Romero, aseguró que será el próximo 18 de octubre. “Esta nueva fecha, definitiva, es la que mejor condiciones ofrece para la protección de la salud pública”, ha declarado cuando el país está en plena pandemia del coronavirus.

Las elecciones se habían anunciado primero para marzo, luego junio y después septiembre. Si efectivamente los bolivianos votan en octubre, habrán pasado más de un año gobernados por autoridades no electas de un partido que obtuvo el 4,24% de votos en las últimas elecciones presidenciales, quienes dieron un golpe de Estado según las acusaciones del expresidente Evo Morales, que observa la situación desde su exilio en Argentina.

El aplazamiento ha sido anunciado después de semanas de debates y tensiones. Para el presidente del TSE, “si esta nueva fecha no es ideal para ninguna candidatura, debería ser no obstante aceptada por todos”.

Evo Morales no opina lo mismo. “Un aplazamiento de la fecha de las elecciones no hará más que prolongar el sufrimiento del pueblo boliviano al mantener en el poder un Gobierno incapaz”, ha escrito en un tuit. El Movimiento al Socialismo (MAS), que él sigue dirigiendo, considera que hace demasiado tiempo que el país está gobernado por un poder “no legítimo”.

Esas son las palabras que se oían durante las manifestaciones organizadas el pasado 28 de julio. Convocadas por el MAS y la Central Obrera Boliviana, miles de personas se reunieron en todo el país para protestar por el aplazamiento de las elecciones, lo que ha llevado a la presidenta Jeanine Áñez a interponer una denuncia penal contra los responsables de la convocatoria, sobre todo contra Evo Morales, por “atentado contra la salud pública”.

“La gente del Gobierno me ataca cuando no representan a nada, a mí que he sido elegida por el pueblo y que tengo una legitimidad que ellos no tienen“, reaccionó Betty Yañiquez, jefa del grupo parlamentario MAS, también denunciada.

Más de 80.000 casos de covid-19

Frente a la catastrófica situación sanitaria, las autoridades electorales afirman que no tienen más opciones. Para ellas, la celebración de elecciones en pleno pico de la epidemia (previsto para agosto o septiembre, según los expertos) será una acción criminal. El número de enfermos se ha duplicado en un mes. El 3 de julio había en el país 37.000 casos y ahora pasan de 80.000.

En La Paz, las filas en los hospitales son cada vez más largas y hay que esperar varias horas, a veces el día entero, para conseguir una cita. La espera es a veces tan larga que hay gente que muere a las puertas de los hospitales, imágenes que recuerdan tristemente las de la ciudad de Guayaquil, en El Ecuador. Los hospitales están desbordados, los cementerios saturados y las farmacias casi vacías.

El Gobierno actual ha heredado un sistema sanitario ya bastante deficitario, el mayor reproche que se hacía a la política de Evo Morales, pero hasta ahora las autoridades no han hecho nada para mejorarlo.

Entre los escándalos por corrupción que cuestionan el Gobierno  provisional,  el más sonoro ha sido el de los llamados “respiradores” el pasado mes de mayo, que acabó con el ministro de Sanidad en la cárcel. El ministerio había validado la compra de respiradores a una empresa española a 28.000 dólares la unidad, casi el doble del precio inicial. Al final, tampoco se correspondían con los aparatos buscados que eran para unidades de terapia intensiva.

A la presidenta le reprochan también haber despedido, cuando llegó al poder, a las brigadas de médicos cubanos presentes en el territorio, y de haber rechazado su ayuda el pasado marzo. El entonces viceministro de Sanidad, Erwin Viruez, había declarado por su parte que “los médicos bolivianos tienen toda la capacidad de respuesta a esta urgencia o a cualquier otra”.

El personal sanitario ha sido contagiado en gran número, lo mismo que los trabajadores de los laboratorios que analizan los tests de covid-19. Los miembros del Gobierno tampoco se libran. Además de la presidenta Jeanine Áñez, otros siete miembros más han sido afectados. Pero la oposición, con Eva Copa al frente, presidenta del Senado y miembro del MAS, lo ha puesto en duda y se pregunta sobre la veracidad del contagio de los ministros y de la presidenta. Como respuesta, el provocador ministro del interior, Arturo Murillo, se ha dirigido al candidato del partido de Evo Morales a las elecciones presidenciales explicando que “todo indica que el señor Arce Catacora tiene el covid y guarda esa información en secreto”.

La polémica del préstamos del FMI y de la vuelta al cole en enero

Ahora bien, si no ha quedado clara la situación de las elecciones del pasado mes  de octubre, en las que Evo Morales fue acusado de fraude electoral, una cosa si es cierta: el MAS  sigue  siendo el primer partido en Bolivia. De ahí los intentos de obstrucción: han sido presentadas doce denuncias ante el TSE, una de ellas de la alianza dirigida por la actual presidenta, pidiendo la suspensión de la personalidad jurídica del MAS, lo que impediría presentar la candidatura de Luis Arce Catacora.

Estos últimos días esta incesante campaña ha estado dominada por la polémica sobre un préstamo del FMI. El ejecutivo ha solicitado un crédito de 327 millones de dólares pero la Asamblea, dominada por el MAS, se niega a avalar la solicitud creando así una tensión creciente.

El anuncio de la finalización del año escolar, hecho el pasado domingo 2 de agosto, cinco meses antes de la fecha prevista, trae de cabeza a los padres, a los profesionales de la educación y a organismos internacionales como UNICEF. En las escuelas públicas nunca han sido realmente implantados los métodos virtuales por falta de medios y de organización y porque muchas familias no disponen de un ordenador en casa. Las clases se suspendieron el 11 de marzo y no comenzarán antes del próximo mes de enero.

Para Maria Galindo, una feminista muy conocida en el país, “la pobreza, la corrupción en la gestión de la crisis, el hecho de que Jeanine Áñez esté endeudando al país, todo eso es un montón de explosivos y el covid es el

detonador”. Y puede que la detonación ocurra muy pronto, porque el pasado lunes 3 de agosto han comenzado los bloqueos en todas las carreteras del país en protesta por el aplazamiento de las elecciones.

Alice Campaignolle (Mediapart)

Publicada en InfoLibre el 10/08/2020

Traducción: Miguel López.