La inmigración como negocio

Recientemente leía un artículo de Miguel-Amxo Murado publicado en revista Luzes y replicado en el Diario Público el 28-7-20, titulado Las ruinas de Sabratha,  donde desde ese mirador excepcional de las ruinas  construidas por los romanos hace 2.000 años analiza el devenir de Libia, que desde la caída de Gadafi en 2011 vive una situación convulsa y los turistas ya no las visitan. El lugar es demasiado peligroso para una excursión. Hace unos años, una pareja de extranjeros apareció degollada en sus cercanías sobre las toallas que habían llevado para hacer un picnic. Como en casi toda Libia, la inseguridad es total. Las milicias islamistas, las de las tribus, o los simples criminales, se mueven por la zona con entera libertad. Durante un tiempo,  el Estado Islámico logró hacerse fuerte en esta zona. En estos tiempos, más que el impresionante teatro romano de las ruinas de Sabratha, el espectáculo es lo que se ve desde él: todas las noches el horizonte se ilumina con las luces de docenas de embarcaciones que cargan gasolina y diésel de contrabando. Luego zarpan camino de Grecia, de Malta o de Italia, donde la mafia siciliana se encarga de la distribución. Es un negocio que mueve unos 10 millones de euros, diariamente.

La gasolina no es el único contrabando que sale de Libia. Por el día, en las playas aparecen carreteras de objetos de todas clases: peines, flotadores, maletas, botellas, zapatos, mantas…  Un lenguaje fragmentado, como las ruinas de Sabratha, que nos habla de las personas migrantes. Este sector de la costa que va hasta Zawiya es el epicentro de la industria del tráfico de personas. El año pasado casi 200.000 inmigrantes consiguieron llegar a costas italianas partiendo de aquí. Se estima que al menos 5.000 murieron ahogados,  por eso, en las playas de Sabratha y Zawiya, también es habitual ver los cuerpos devueltos por el mar, empapados en la gasolina de contrabando que mancha el mar en esta costa.

Una pieza del rompecabezas libio menos conocida es Fezzan en la región desértica del sudoeste. Allí, los viejos canales abandonados, excavados en la caliza hace más de dos mil años, son el testimonio silencioso de que este fue en la antigüedad la cuna de la civilización de los garamantes, que desarrolló una cultura sofisticada y comerciaba con los romanos, hasta que el Sáhara la devoró.

Hoy solo la parte norte del Fezzan está habitada de forma permanente, el resto es hamada (un terreno pedregoso) y arena que solo sostienen pequeños grupos semi-nómadas de tuareg, árabes y tubu. Pero una cosa sigue siendo igual que en los dorados siglos de la antigüedad: el Fezzan es una autopista que une el Sahel y la África subsahariana con Europa. Si en el pasado la recorría el oro de Malí, hoy es el camino de la droga y las armas; por donde antes se conducían esclavos se conducen hoy emigrantes del Golfo de Guinea. Las fronteras de Argelia, Níger y Chad forman una línea de 5.000 kilómetros casi imposibles de controlar. El contrabando, en todas sus variantes, supone el 70 por ciento de la economía del Fezzan. El Fezzan es otro país, otro mundo. Allí el conflicto no es localista, porque no hay territorio que poseer, solo una asfixiante extensión de piedras y arena. Tampoco puede ser un conflicto tribal, porque el odio es entre etnias. Y, sobre todo, no es un conflicto ideológico. Aunque el Estado Islámico, y sobre todo al-Qaida, lograron poner el pie en el Fezzan, no fue más que otro síntoma de la impunidad. Allí la lucha es primaria, por los recursos. Y uno de los más importantes es el control de la inmigración. La infraestructura del negocio de la gasolina fue la que puso las bases del negocio, en dirección contraria, de los inmigrantes. Este tráfico de personas, en cambio, está  en manos de los tuareg y los tubu, que viven en los barrios del sur de la ciudad. Ellos traen la mercancía humana y se la entregan a los  de la tribu árabe Awlad Suleiman. Gracias a sus contactos con el gobierno de Trípoli, estos les facilitan el camino hasta la costa.

Es siguiendo ese camino como llegamos al punto de partida: las ruinas de Sabratha. En esta costa, tanto el contrabando de gasolina como el de los emigrantes son negocios que están ahora en manos de la tribu Abu Hamyra, una de las más importantes en el oeste de Libia. Ellos son los amos de la vecina ciudad de Az-Zawiya, donde los traficantes se pasean con carros de combate por las calles. La impunidad está garantizada, porque tanto el jefe de la guardia costera, Abdulrahman al-Milad, un chico de 28 años, como Mohamed al- Qasseb, jefe de seguridad de la refinería de Az-Zawiya, son miembros de esa tribu Abu Hamyra. Incapaces de combatir esta mafia, las autoridades europeas acabaron por hacer un pacto con ellos: a cambio de dinero y de cierta tolerancia para con sus actividades, los Abu Hamyra controlan a los otros traficantes rivales.

Entre esos rivales de los Abu Hamyra, el más importante es el clan Dabbashi de Sabratah, la vecina ciudad de las ruinas de la que hablábamos. Este intento de introducirse en el mercado de los emigrantes clandestinos hay que entenderlo como una expansión de negocio, porque los Dabbashi tienen la concesión de la seguridad del gran complejo petrolero de Mellitah, que está también en esta zona. Es el centro de operaciones de la petrolera italiana Eni en Libia. Por Mellitah pasa el 10 por ciento de todo el gas y petróleo que se consume en Italia, el país más dependiente de los yacimientos libios. Por eso cuando todas las demás compañías extranjeras abandonaron el país Eni no tuvo más remedio que permanecer. El precio fue un acuerdo forzoso con los Dabbashi y sus aliados de la milicia islamista del Escudo Libio, vinculada a al-Qaida.

De nuevo, la ideología cuenta poco en esta Libia de hoy. Los oleoductos que conducen a Mellitah están protegidos algo más al sur por la milicia de Zintan, feroz enemiga del Escudo Libio. Más al sur, los pozos de donde viene lo crudo los vigilan −por un precio− los nómadas de las tribus Tubu, enemigos de esa misma milicia de Zintan y a su vez infiltrados por el Estado Islámico.

Pues bien, en este contexto  al menos 1.750 personas habrían fallecido en las travesías irregulares entre África del este y oeste y la costa mediterránea africana en 2018 y 2019, según un informe elaborado por ACNUR y el Centro de Migración Mixta (MMC, por sus siglas en inglés). El informe, titulado ‘En este viaje, a nadie le importa si vives o mueres’, concreta que esta cifra representa una media de unas 72 personas muertas al mes, por lo que esta ruta es una de las “más mortales” para refugiados y migrantes de todo el mundo.

En este sentido, el trabajo pone el foco en cómo la mayoría de las personas que toman esas rutas sufren o son testigos de una “falta de humanidad” y una “brutalidad indescriptibles” a manos de los traficantes, redes de trata, milicias y, en algunos casos, incluso de los funcionarios gubernamentales.

“Este informe documenta los asesinatos, la violencia generalizada de una naturaleza de lo más brutal, perpetrada contra personas desesperadas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución”, ha explicado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Convertida la inmigración en un negocio allí, vemos que no nos hemos quedado cortos aquí. Convertida en una especie de mantra imposible de cuestionar, la “lucha contra la inmigración ilegal”, es una especie de pozo sin fondo donde se vuelcan miles de millones de euros anuales, tanto del conjunto de la UE como por parte del Gobierno español. Ya se sabe de los 140 millones de euros que la UE ha destinado a Marruecos para que ejerza de fiel cancerbero de los desplazamientos de personas hacia Europa. A los que se suman 32 millones de euros del Gobierno español para el mismo y democrático Gobierno, destinando además cantidades crecientes a otros países del Sahel.

A los que tendríamos que añadir inversiones millonarias en el despliegue de fuerzas policiales, patrulleras, drones, avionetas, muros y concertinas, sistemas de vigilancia y detección sofisticados como el SIVE. El 17 de este mes de agosto  la Unión Europea (UE) concedió  a Túnez una ayuda de 10 millones de euros destinada a adquirir lanchas guardacostas y equipamiento para frenar la inmigración irregular rumbo a Italia, que se ha disparado a lo largo del verano.… ¿Se trata de una guerra declarada y una invasión en toda regla que estamos sufriendo o vamos a sufrir que justifique convertir a España en una fortaleza? Perdónesenos la frivolidad, pero se trata de matar moscas a cañonazos. Porque es sabido que sólo una ínfima parte de la inmigración que llega a España de forma irregular lo hace en las pateras que cruzan el Estrecho. Aunque sea con mucho la más dramática y la de mayor repercusión mediática.

¿Entonces? A falta de razones, podría pensarse que se trata de una respuesta irracional al enroque europeo en sus propios miedos e inseguridades. Miedos que se desarrollan incontroladamente entre el entramado UE con la expansión de la ultraderecha, de la que se asumen sus postulados xenófobos, aunque ello suponga cercenar los principios de solidaridad y derechos humanos de la propia UE. Ello en teoría, para conseguir parar el crecimiento de los nuevos fascismos, con el efecto inverso conocido: cada vez las ideas racistas y xenófobas tienen mayor influencia en la sociedad europea como comprobamos con enorme preocupación elección tras elección.

Parafraseando a Bill Clinton,  ¡es el negocio, estúpido! Sí, el negocio del puro dinero. Un negocio sin escrúpulos para controlar una amenaza inexistente y que pagamos toda la ciudadanía, como de forma admirable y lúcida acaba de denunciar el informe elaborado por la Fundación Porcausa en colaboración con Público.

Las cifras que proporciona Porcausa son escandalosas. Resulta que existe un entramado empresarial-mafioso denominado Industria del Control Migratorio. Fijaros bien, ¡Industria del Control Migratorio! En los últimos cinco años España ha realizado 1.677 adjudicaciones por 660 millones de euros destinados a esta industria cuya parte del león se llevan empresas como Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica. Y en estas empresas investigadas por Porcausa son extensas y amplias las puertas giratorias: nada menos que 121 altos cargos de la Administración forman parte de su dirección. Parece que todo empieza a explicarse.

La UE por su parte, ante la inventada y fantástica amenaza de la inmigración ilegal, destinará 30.829 millones de euros entre 2021 y 2027 destinados al control migratorio y de fronteras. De su lado Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, creada en 2005 con un presupuesto de 6,5 millones de euros, ya dispone en 2019 de 320 millones; y tras la aprobación de un nuevo mandato se prevé llegar en próximos años a 1.300 millones. Como dice Porcausa, “Frontex no solo ha multiplicado su presupuesto, sino que adquiere su propio equipamiento, coordina operaciones conjuntas, ejecuta retornos, firma acuerdos con países terceros o recluta un cuerpo de 10.000 guardias fronterizos armados”.

Nuestro punto de observación no es Sabratha, sino nuestra Frontera Sur, donde ante la irracionalidad del dogma de “controlar la inmigración”, clama al cielo  el derecho humano de emigrar, con una gran pregunta: ¿No se podrían cambiar estas políticas de muerte por otras políticas de acogida?

 

Luis Pernía Ibáñez (ASPA -Asociación andaluza por la solidaridad y la paz)