Círculo de silencio, un grito los segundos miércoles de mes

Todos los segundos miércoles de mes asistimos al círculo de silencio. Una reivindicación que hacemos en la plaza de la Constitución de Málaga, a las 20 horas,  para exigir los derechos para las personas inmigrantes y refugiadas. Son ya casi tres años acudiendo puntualmente a esta cita que organiza el Secretariado diocesano de inmigraciones con el apoyo de la Plataforma de solidaridad con los inmigrantes y otras entidades. El acto discurre en círculo donde se guarda silencio y donde hay dos intervenciones puntuales sobre un tema que afecta a las personas migrantes y refugiadas: muertes en el Estrecho, empleadas de hogar, trata de personas, xenofobia puntual e institucional, etc…

El más reciente, el 14 de este, tuvo como referente  la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y anima a movilizarse contra el aumento de la precariedad provocada por el impacto social de la pandemia y en defensa del trabajo decente y accesible y reivindica condiciones dignas para los empleos esenciales para la vida de una manera especial para inmigrantes y refugiados por sus especial vulnerabilidad.

Una invitación a “moviéndose” y alzando la voz “en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones de gobierno” para reclamar un nuevo modelo productivo que, en pleno impacto social de la pandemia, garantice empleo digno y accesible.

 “Nos movemos por el trabajo decente”, era nuestro eslogan, que quiere denunciar la precariedad que sufren millones de trabajadores y trabajadoras “aumentada por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de la COVID-19” y que ha puesto de relieve “las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna”.

Millones de personas se están quedando atrás “Esta crisis, nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados, social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario”. Denunciamos, en ese sentido, que “la realidad en que nos encontramos está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y caracterizado por las altas tasas de precariedad laboral”.

Los síntomas de la gravedad de la situación son la galopante destrucción de empleo, con unas cifras de ERTE y paro disparadas; una protección social que no está llegando a quienes tienen derecho y peor lo están pasando, como en el caso del ingreso mínimo vital o la prestación para las empleadas de hogar, y que deja fuera a miles de personas sin posibilidad de acceso por ejercer su actividad en la economía sumergida; y la persistencia de demasiados empleos considerados esenciales que mantienen condiciones laborales tan precarias que rozan la indecencia.

Las últimas cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y CCOO así lo confirman:

  • Hay 3.368.000 personas en paro (15,3% de tasa de desempleo). Entre los menores de 25 años, es del 39,6%; entre los mayores de 55 años, el 11,6%. La tasa de paro masculina, es del 14,13%, mientras la femenina es del 16,72%
  • El 34% de los desempleados lleva más de un año buscando empleo y un 22% más de dos.
  • El número de asalariados temporales sufre el mayor descenso trimestral (671.900 menos, un 16,22%), mientras el número de asalariados con contrato indefinido muestra una cifra de caída trimestral más moderada (-2,91%, con 361.400 asalariados indefinidos menos). La tasa de temporalidad se sitúa en un 22,35%, casi 4 puntos menos que al inicio de 2020 (26,1%).
  • Hay 1.063.000 personas inactivas (han dejado de buscar empleo por el confinamiento y la coyuntura) y 1.150.00 hogares con todos sus miembros activos en paro. Junto a ello, el informe Análisis y Perspectivas 2020 de la Fundación FOESSA constata el notable incremento (30%) de familias en situación de pobreza severa (67,8%), con unos ingresos inferiores a los 370 € mensuales para una persona y menos de 776 € para dos adultos y dos menores de edad.

Señala, además, que solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo; que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psicoemocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico; y que uno de cada tres hogares (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado (cuando este ha existido) por el centro de enseñanza.

Ante esa situación,  es necesario “movernos en comunidad, aunar esfuerzos, buscar apoyos y seguir reclamando un trabajo decente”. Urge, para ello, “a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y que la protección social llegue a todas las personas que lo necesitan”. Así es necesario:

  • Apostar por un nuevo sistema productivo, capaz de generar empleos con alto valor añadido y que ponga a la persona en el centro.
  • Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida, con unas condiciones laborales dignas que permitan a las personas salir de la pobreza.
  • Reconocer el derecho a la protección social sin que esté supeditado a la vida laboral.
  • Garantizar que el ingreso mínimo vital sea una realidad para las personas que lo necesitan, dotando a las instituciones de los recursos necesarios para su gestión.
  • Asegurar la percepción del subsidio extraordinario a las trabajadoras de hogar y que se reconozca su derecho a la prestación por desempleo al igual que para el resto de personas trabajadoras.