Las vacunas de COVID19 deben ser un bien público

A petición de nuestras contrapartes en África y América Latina, desde ASPA y otras  organizaciones de cooperación al desarrollo nos unimos a la propuesta de India y Sudáfrica de que la vacuna de covid-19 esté libre de derechos de propiedad intelectual.

Desde que se declaró por primera vez la emergencia sanitaria mundial, el virus ha infectado a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, en el resumen anual 2020 publicado por el Grupo Banco Mundial, el impacto de la COVID-19 ha empujado a 88 millones más de personas a la pobreza extrema y esa cifra es apenas un punto de partida, pues en el peor de los casos podría llegar a 115 millones. El mayor porcentaje de “nuevos pobres” estará viviendo en Asia meridional mientras que África subsahariana ocupará el segundo puesto con escasa diferencia. En África las nuevas variantes están provocando un aumento de casos y muertes con un mayor daño a las ya frágiles economías del continente que, según informa el Banco Africano de Desarrollo, “corren el riesgo de alejar a África del Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza extrema” para 2030.

La importancia de conseguir una vacuna efectiva en el menor tiempo posible era primordial, de ahí la inversión realizada sin precedentes, principalmente de recursos públicos. Sin embargo, como señala el Director General de la OMS Tedros Adhanom, las características clínicas de este virus, su rápida propagación, a menudo silenciosa antes de que se desarrollen los síntomas, junto con la diseminación incontrolada entre poblaciones que no pueden acceder a la vacuna, señalan hacia un alto riesgo de que nuevas variantes continúen emergiendo y propagándose entre países. Nuevas mutaciones que pueden generar una resistencia a las vacunas -como ya hay evidencias de que algunas vacunas son menos efectivas contra variantes identificadas en Brasil y Sudáfrica-. Las nuevas variantes podrían infectar a personas que ya han sobrevivido a una versión anterior del virus entrando así en un círculo vicioso. Incluso también es posible que el virus pudiera llegar a ser más mortal con las imprevisibles consecuencias que ello conllevaría.

Activistas humanitarios y expertos dan la voz de alarma por las grandes diferencias entre la distribución de las vacunas entre los países más ricos y los más pobres del mundo: tan importante es tener la vacuna como conseguir que la vacunación llegue a todos los países en el menor tiempo posible. No solo es un problema de derechos humanos, de equidad, sino que la dimensión de la pandemia y el efecto en las vidas en riesgo, en las relaciones sociales, laborales y económicas hacen que la salud global sea la estrategia para la seguridad mundial.

El 16% de la población mundial acapara el 60% de las vacunas y espera vacunar al 70% de la población adulta a mitad de año con objeto de conseguir la inmunidad de rebaño. Mientras que COVAX, la iniciativa promovida por la OMS, la comisión europea y, entre otros por UNICEF está luchando por conseguir suficientes dosis para cubrir al menos al 20% de la población de los países más desfavorecidos al final de 2021, pero al ritmo actual, es una meta difícil de cumplir. Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a la vacuna hasta bien entrado el año 2022. Estamos lejos de lograr el fin de la pandemia pues más de 130 países aún no han recibido una sola dosis.

Uno de los mayores obstáculos para que la vacuna llegue a estos países es la capacidad de producción, los principales fabricantes de vacunas trabajan para aumentarla pero no están ni cerca de satisfacer la demanda. Sudáfrica y la India, apoyados por más de 100 países proponen la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, compartir la tecnología de fabricación y permitir la expansión global de fabricación en África, Asia y Latinoamérica, de esta manera se aceleraría la producción y se abastecería de vacunas a los países de una forma más rápida. Para que esta propuesta salga adelante, se necesita un consenso de al menos 123 países, de momento, España, como la mayoría de los países desarrollados la rechaza.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), es indefendible porque contribuye a agravar la crisis de desigualdad mundial. Nuestras contrapartes instan a solicitar la suspensión de los ADPIC para facilitar el acceso universal a los medicamentos, las pruebas de diagnóstico y las vacunas de Covid-19 como ya hicieron otras organizaciones el 23 de febrero durante una reunión del Consejo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

ASPA se une también al Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) para pedir un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la COVID-19, instando a que las vacunas se traten como un bien público mundial para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas. El llamamiento se hace extensivo a nuestro gobierno y a los países del G-20 para que pidan al Fondo Monetario Internacional que emita nuevos Derechos Especiales de Giro (la moneda que utiliza el FMI, ed.) para financiar la producción de las dosis y, en particular, el plan COVAX, para garantizar las vacunas en los países de bajos ingresos. En la reunión del 24 de febrero del Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) el director general

OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó rotundamente “No terminaremos con la pandemia en ningún lugar si no acabamos con ella en todas partes”.

Autores: Elena Mayorga (socia de ASPA y médico de familia) y Luis Pernía (presidente de ASPA y enfermero)