Colombia y sus violencias infinitas

Andalucía tiene una importante tradición de solidaridad con el pueblo colombiano y con sus luchas por la paz, la defensa de la vida, los derechos humanos, las libertades y la democracia. Existen lazos históricos irrompibles y una fuerte identidad en la manera de ser, de cantar, de bailar y afrontar la vida. También en las resistencias, en las luchas por la tierra y por las libertades.

Seguramente quienes vivieron en Andalucía los duros tiempos de la violencia y la represión del franquismo, o quienes escudriñan en la memoria de estos tiempos, encontrarán muchas similitudes entre aquellos años duros y los que hoy vive en forma brutal el pueblo colombiano. En el libro “Paz en Colombia, crónicas de ilusiones, desencantos y viceversas”, publicado en Sevilla en el año 2017 señalábamos estas semejanzas en nuestras historias de violencias y represiones:

“La historia de la violencia falangista que sufrió el pueblo español con los horrores de las torturas, los apresamientos masivos, los fusilamientos y las fosas comunes, tiene demasiadas similitudes con las historias de horror de la violencia oficial y paramilitar que ha vivido Colombia. Acercarse a una fosa común como la de las “17 rosas andaluzas” y tratar de imaginarse como fueron los hechos, es recordar también masacres como las de la Rochela, Trujillo, Segovia o Mapiripán en Colombia. Es recordar los años de la violencia chulavita. Y encontrar en el falangismo el hilo conductor que los hermana”.

En los meses recientes ha trascendido a los medios españoles algo de la violencia policial en Colombia, a raíz de los muertos, heridos y represaliados en el marco del Paro Nacional que se inició el 28 de abril.

Hubo bastante ruido en las redes y en decenas de ciudades se han realizado grandes movilizaciones de denuncia y solidaridad. Por ello se conoció del alto número de victimas de la violencia estatal, unas cifras que no deberían dejar a nadie en la indiferencia. Cerca de un centenar de manifestantes asesinados, otros tantos que perdieron un ojo por los disparos de goma o los culatazos, cerca de 200 muchachas violentadas y agredidas sexualmente en los calabozos de la policía.

Aunque algo trascendió, fue realmente poco y muy rápido dada la inmensa gravedad de los hechos.

Nada que ver con el impresionante despliegue mediático desatado para informar de la supuesta brutalidad del gobierno de Cuba contra algunas manifestaciones de protesta en la isla.

La criminal violencia policial que se vive en Colombia no ha merecido ningún cuestionamiento y mucho menos rechazo alguno por parte del gobierno de Pedro Sánchez, como si lo ha hecho sobre los acontecimientos de Cuba. Es que una cosa es hacer parte de los “países amigos” y otra es hacer parte de los países del “eje del mal” que señalaran los Estados Unidos y que siguen definiendo las relaciones internacionales de los países de la Unión Europea, incluida España y su gobierno de convergencia progresista.

Mientras en la ONU España votaba a favor del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en su reciente visita a Estados Unidos Pedro Sánchez dijo que las sanciones contra Cuba eran un asunto interno del gobierno de Biden. Dos posiciones diametralmente opuestas.

Las trifulcas en Cuba donde hubo en confusos hechos un muerto y algunas decenas de detenidos copan diariamente los telediarios mientras se olvidan las decenas de muertos del paro en Colombia.

Por estas razones tiene especial importancia que desde estas publicaciones se abran puertas para hablar de lo que pasa en Colombia.

Un régimen político violento

Lo primero que hay que destacar es que la violencia política es estructural al régimen político colombiano, construido en decenas de guerras civiles inmediatamente posteriores a la independencia. Durante 200 años de vida republicana bipartidista se construyó un régimen clientelar violento y excluyente. La violencia política y social se hizo una una forma del ejercicio permanente del poder, y la eliminación física de los contradictores políticos, una constante. Los movimientos y partidos de oposición distintos al bipartidismo han sido siempre considerados elementos extraños, amenazas externas y atentatorios de la seguridad nacional.

Durante muchos años los partidos liberal y conservador se disputaron el poder mediante acciones de violencia entre ellos mismos. Esta confrontación tuvo su máxima expresión en la llamada “época de la violencia”, desatada entre 1945 y 1954 donde hubo más de 300 mil muertes. En 1957 se firmó en Benidorm un pacto bipartidista para la alternación en el poder y el reparto de las cuotas burocráticas. Se llamó el Frente Nacional. Desde ese momento liberales y conservadores unieron sus esfuerzos para confrontar a la oposición, utilizando todas las formas de violencia jurídica, política y militar.

De acuerdo a los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional los partidos y movimientos de oposición al bipartidismo eran expresión de ataques externos y debían ser eliminados en calidad de “enemigos internos”. Durante un tiempo la oposición era expresión del “brazo largo de Moscú” y de La Habana y posteriormente vinculados a la lucha contra el terrorismo y en las últimas décadas expresiones del bolivarismo y el Castro- chavismo.

Dos elementos han sido el sustento de la violencia: la tierra y el poder.

La historia de la tierra en Colombia es la historia del despojo permanente. Tierra para ampliar los pastos para la ganadería extensiva latifundista, tierra para los cultivos en auge de cara a la exportación que han cambiado con los años, primero fue el café y luego el arroz, ajonjolí y otros. Vinieron también los despojos de tierras para los cultivos ilícitos, primero la marihuana y posteriormente la amapola y la coca, y esto incluía el despojo de tierras para los corredores por donde saldrían las drogas ilícitas hacia el exterior.

Han sido ciclos permanentes de violencias y despojos que fueron empujando al campesinado hacia las montañas, luego a las partes más altas de las montañas y finalmente a las zonas selváticas, a donde también llegaron a expulsarlos los grupos armados ilegales del narcotráfico. En los años noventa surgieron nuevos focos de violencia y de despojo con la llegada de los proyectos de las transnacionales de grandes cultivos agroindustriales y de proyectos hidroeléctricos, entre otros.

Un masacrado intento de paz

En 1985 se intentó llegar a una solución política que permitiera resolver democrática y pacíficamente los problemas relacionados con la tierra y con el poder, es decir de la democracia. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC y se creó un partido político que serviría de tránsito a la vida política de la guerrilla, la Unión Patriótica. Este partido fue eliminado a tiros en el marco del genocidio Político más grande ocurrido en América latina.

Tras largos meses de tregua y cese al fuego, la guerra no solo se reinició sino que se incrementó y extendió por todo el país, a lo que contribuyó la puesta en marcha del Plan Colombia, diseñado por los Estados Unidos, supuestamente para combatir al narcotráfico, pero en realidad concebido para combatir a las guerrillas y al movimiento popular, pues los estrategas del pentágono consideraban que Colombia sería en los años 90 escenario de una confrontación armada superior a la vivida en los ochenta en Centro América. Este momento coincide con la necesidad de radicalizar la implementación de las políticas neoliberales por lo que la violencia se extendió a la dirigencia y militancia sindical para eliminar la oposición a los proyectos neoliberales. El país se narcoparamilitarizó.

Los dos gobiernos de Uribe fueron los encargados de la ejecución de los proyectos militaristas de control y exterminio. El país entró a una somnolienta etapa conocida como “el embrujo autoritario”, el miedo se extendió, las causas de la paz y los derechos humanos se hicieron subversivas y judicializables y el uribismo se hizo intocable, poderoso y omnipresente.

Renace la ilusión

A Uribe le sucede Juan Manuel Santos, su ministro de defensa. Un hombre perteneciente a una de las familias que han ostentado el poder económico, político y mediático desde los tiempos de la independencia. Uribe representaba a la clase emergente que se hizo poderosa por sus relaciones con el mundo de los negocios no lícitos y que se hicieron multimillonarios bajo el ala del poder. Las movilizaciones populares estaban nuevamente en alza, especialmente estudiantiles, indígenas y campesinas.

Por pragmatismo empresarial Santos asume el reto de una negociación de paz que tras muchos tropiezos se firma en La Habana. Un acuerdo sobre la base de una serie de reformas económicas, políticas y sociales que recogían las angustias y falencias de 200 años de vida política violenta y excluyente. El uribismo retorna al gobierno con Iván Duque y todo su poder se centra en destruir el acuerdo de paz, “hacerlo trizas”, como prometieron durante la campaña electoral.

En el año 2019 se realizan grandes movilizaciones campesinas y populares que reclaman soluciones a los miles de problemas que azotan a las regiones, a los barrios periféricos y los sectores más excluidos. Aumenta el asesinato de lideresas y líderes sociales, se multiplican las masacres en zonas agrarias e indígenas y el asesinato sistemático de los firmantes de paz. 297 exguerrilleros han sido asesinados a fecha de este 26 de julio.

En el 2020 debían reanudarse las movilizaciones pero llega la pandemia y se postergan las protestas. La pandemia agudiza la pobreza, mientras el uribismo profundiza su control de todo el aparato del estado, incrementa la corrupción y el nombramiento en altos cargos a familiares de corruptos, narcos y paramilitares.

Es en este escenario donde se presenta una reforma tributaria que radicalmente agravaría mucho más las precarias condiciones de vida de la población. Las centrales obreras y las organizaciones sociales convocan a un paro de 48 horas para el 28 de abril. Las movilizaciones son multitudinarias y la respuesta del gobierno es cruelmente violenta, ante ello, desde las calles se lanza la consigna de un paro indefinido produciéndose un estallido social sin precedentes en el país por la participación de millones de personas, la participación de las y los jóvenes, por el tiempo de duración, la innovación en las formas de protesta, de organización, y de autoprotección a través de las experiencias de las Primeras Líneas.

Dos meses de manifestaciones diarias, y aunque desde inicios de julio se hizo un replanteamiento, las movilizaciones se siguen dando, como las del pasado 20 de julio, día de la independencia, fecha que ha sido resignificada, como día de la resistencia y de lucha por la segunda independencia.

La respuesta del gobierno a las protestas ha sido la propia de una dictadura, con una represión bestial, con el agravamiento de que en Cali la policía estuvo acompañada de civiles armados, lo que significó una urbanización de la vieja violencia paramilitar.

El Paro Nacional provocó una ruptura total con el “embrujo autoritario” del uribismo, con todo el régimen partidista y con el viejo país. Son 200 años de insatisfacciones y exclusiones, el estallido de una generación sin presente y sin futuro. La violencia policial no tuvo límites como tampoco la capacidad de resistencia y de creatividad de la juventud y sectores populares.

Y uno de los grandes debates que debe generar estas protestas es la masiva participación juvenil, sin miedo a nada y dispuestos a sacrificarse a cambio de la posibilidad de un futuro. El estallido social en Colombia ha sido ante todo el estallido de los jóvenes que no tienen presente ni futuro y que no quieren seguir callados y están dispuestos a luchar todo el tiempo que sea, como sea y sin miedo. Los reclamos de las muchachadas de los barrios han puesto al desnudo lo más injusto y cruel de la sociedad colombiana, el abandono total a la juventud y por mucha represión que lance el gobierno no van a acallar sus gritos ni a aplacar el estallido. Podrán darse pausas, treguas, desmovilizaciones, pero la semilla está ahí y brotará en cualquier momento.

Sin salida a corto plazo

No se ven soluciones de carácter democrático a corto plazo pese a los llamados de la ONU, la UE y el conjunto de la comunidad internacional. El gobierno de Iván Duque es la alta expresión de un estado paramilitarizado. Su única salida es la violencia. Tal como Pablo Escobar construyó su imperio del mal. Y este gobierno que controla todas las esferas del estado es la culminación del sueño que un día tuviera el capo de la droga de controlar todo el aparato del estado.

El uribismo sabe que está derrotado y que no tiene futuro político, y que ese futuro podría ser incluso en los tribunales, nacionales o internacionales de justicia. Por eso quiere morir matando.

Pero no están en condiciones de definir la agenda de Colombia para un futuro muy lejano. En el próximo año son las elecciones parlamentarias y presidenciales y existen posibilidades de un radical giro político.

Si la izquierda y los sectores democráticos actúan con inteligencia y generosidad pueden ser los abanderados de ese cambio.

Las protestas han abierto una luz de esperanza.

Jaime Cedano Roldán, periodista colombiano residente en Sevilla, analista y activista político  y autor de varios libros sobre Colombia