Lamentamos profundamente la muerte de 37 personas migrantes; nos solidarizamos con sus familias y exigimos una investigación judicial inmediata que esclarezca los hechos. Las personas que han resultado heridas deben recibir atención sanitaria adecuada y de calidad.
Nos unimos a las ONG que trabajan en la frontera con Marruecos en la denuncia de un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en materia migratoria. Acuerdos de este tipo contribuyen a aumentar la violación de los derechos humanos.
Mientras ocurre esto en Melilla, la semana pasada el Gobierno presentaba el proceso para elaboración de su II Plan de Derechos Humanos; de poco sirven los documentos cuando se violan sistemáticamente los derechos en la frontera Sur. Definir esta actuación como una “operación bien resuelta” da muestra de la falta de compromiso real del Gobierno español con los derechos humanos y la vida.
En Nador se prepara el entierro de las víctimas en fosas sin investigación ni autopsias, sin una identificación de las personas fallecidas. La gravedad de esta decisión recuerda a la ya vivida en el caso del Tarajal y demuestra que es una práctica común que viola los derechos humanos más básicos y la dignidad de las personas.
Muchas de las personas que perdieron la vida eran sudanesas y, por tanto, susceptibles de recibir protección internacional. Además, se produjeron devoluciones en caliente, una práctica ilegal que se sigue manteniendo y por la que la ONU ha condenado a España en varias ocasiones.
En la semana en la que Madrid acoge la cumbre de la OTAN alertamos: la interpretación de la migración como una amenaza a la seguridad, supondrá mayor sufrimiento, violencia, violación de derechos humanos y muerte. Echará más leña al fuego a la preocupante deriva militarista.
Por todo ello:
- Mostramos nuestras profundas condolencias con las familias que han perdido a sus seres queridos.
- Exigimos una investigación inmediata que aclare lo ocurrido, depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas. Una investigación que debe realizar el Gobierno español, el marroquí y las instituciones internacionales correspondientes.
- Demandamos la atención sanitaria adecuada de las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos. Debe garantizarse un proceso legal adecuado para quienes pueden ser objeto de protección oficial.
- Marruecos debe identificar a las personas fallecidas y repatriar sus cuerpos a sus países de origen, en colaboración con las organizaciones de migrantes.
- Demandamos el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU a España de manera reiterada. Deben garantizarse también vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.
- Las políticas europeas deben ser revisadas. El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata. La cooperación debe luchar contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso puede fortalecer los sistemas militares, la externalización de fronteras o la contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria.
- En plena cumbre de la OTAN en Madrid, alertamos: la calificación de las migraciones como “amenaza híbrida”, tal como pretende España, alimentará la escalada militar, fomentará la violación de derechos humanos y pondrá en riesgo la vida de personas que buscan una vida digna.
- Alertamos también sobre los discursos que califican de “violentas” a las personas que migran. Criminalizar a quien huye de conflictos y miseria alimenta los discursos de odio y nos lleva a situaciones muy peligrosas. Hacemos un llamamiento a representantes políticos, medios de comunicación y sociedad en su conjunto a fomentar relatos que respeten los derechos humanos y promuevan la paz. No hacerlo nos lleva a la más pura banalización del mal.
- Animamos a la ciudadanía a continuar exigiendo que se frene la escalada militar impuesta en las fronteras, que se respete el derecho a la vida y se fomente la cultura de paz.
El Gobierno español debe ser coherente con lo establecido en el proyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de “fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, y en la atención de las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme al derecho internacional, y en particular los derechos humanos”. Las palabras no se sostienen si no derivan en políticas reales.
Comunicado de la Coordinadora de ONGD de España que suscribimos.