El acrónimo ‘mena’ se ha convertido, gracias a políticos y periodistas sin escrúpulos, en un insulto para referirse no ya a menores extranjeros no acompañados, sino a cualquier joven de origen o aspecto magrebí.
Además el liberal progresismo concibe a los seres humanos como recursos móviles y supedita a los migrantes al utilitarismo capitalista que antepone nuestros intereses nacionales a los de sus países de origen.
Pues bien, si hay un colectivo de personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad son los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos/as hasta nuestro país.
Referidos en el argot técnico como ‘MENA’ (menores extranjeros no acompañados), estamos hablando de chicos y chicas menores de 18 años, migrantes, que se encuentran separados/as de sus padres y que tampoco están bajo el cuidado de ningún otro adulto. Un colectivo extremadamente vulnerable: niños, migrantes y solos, sin un adulto que les proteja.
Actualmente, y después de que la generalización del uso de este término (‘MENA’) en la esfera pública haya derivado en la deshumanización primero y la criminalización después de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad, debemos hablar de ellos y ellas como lo que son: niños, niñas y adolescentes que están solos/as y expuestos/as a un grave riesgo de exclusión y de desamparo. El uso de esta expresión cosifica a los niños, y va en contra del espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños son solo niños. Todos con los mismos derechos, sin discriminación. Y mientras les consideremos niños y los nombremos como tal, les estamos poniendo un cinturón de seguridad: la protección que las normas nacionales e internacionales brindan a la infancia. Y, sinceramente, a Ibrahim, Malika, Maiga, Mohamed o Rosmery como a otros tantos que conocemos, les hace falta llevar ese cinturón de seguridad siempre bien abrochado.
En España, la realidad de los niños y niñas migrantes que se encuentran sin acompañamiento adulto está mayoritariamente asociada a los países del Magreb y, en particular, de Marruecos y Argelia. Sin embargo, también están presentes en nuestro país menores no acompañados que han llegado procedentes del África Subsahariana, Europa del Este y Oriente Medio.
Entre los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir de sus países de origen se encuentran la pobreza y la falta de futuro y expectativas; situaciones de desestructuración familiar y desprotección institucional; catástrofes naturales; la guerra, la persecución, la violencia y situaciones de violación generalizada de los derechos humanos.
Niños, extranjeros y solos en España es cuando la desprotección se multiplica. No hay imagen que despierte más nuestra ternura y protección que la de un niño. Y más si está solo, sin un adulto que le proteja. Pero si, además, está un país que no es el suyo, donde se habla una lengua que no conoce y la cultura le resulta extraña, la desprotección es aún mayor.
Menores extranjeros no acompañados en España, ¿cuántos son?
Si hacemos una búsqueda de la palabra “MENAS” en el todopoderoso Google, encontramos titulares como “Se dispara la llegada de menores no acompañados” o “La sangría es imparable”. Pero ¿cuántos son realmente? ¿de qué cifra estamos hablando? Pues bien, los datos existen, pero solo se hacen públicos una vez al año en la Memoria de la Fiscalía. Existe un Registro de Menores Extranjeros no Acompañados donde se les inscribe cuando su minoría de edad no ofrece dudas, o se determina mediante una serie de pruebas.
En octubre de 2017, había inscritos en el Registro 5.380 menores extranjeros no acompañados. Una de las cifras más altas de los últimos años, cercana a las de 2006 y 2007. El resto de cifras que circulan son estimaciones. Es una cifra baja si la comparamos con la de otros países como Alemania, donde entre 2015 y 2017, más de 70.000 niños solos pidieron asilo. No obstante, no por tratarse de una cifra tan baja deja de ser preocupante, ya que viven en una situación de extrema vulnerabilidad.
Canarias, que ha sido noticia estos días, acoge ya al 41,6% del total de menas que hay en España (más de 13.200), según datos del Gobierno. Hay más de 6000 niños y los dispositivos de Canarias solo están preparados para 3000. Por eso es necesario un pacto de acogida con la península. Un pacto que pasa por la reforma del artículo número 35 de la Ley de Extranjería. La modificación permitirá al Estado intervenir cuando la solidaridad entre las comunidades no funcione, como ha pasado hasta ahora. Si este cambio sale adelante, serán reubicados cerca de 2.500 jóvenes y se aplicará en momentos de llegadas excepcionales de menores. La distribución se hará sobre unos parámetros acordados con las comunidades, que recibirán fondos para la acogida. Para salir adelante, la reforma legislativa necesita el apoyo del PP en el Congreso y en el Senado. El PP, igual que Vox, ya ha mostrado su rechazo en otras ocasiones al traslado de migrantes adultos a la Península.
¿Por qué vienen a España niños solos? ¿Dónde están sus familias?
La llegada de niños solos a nuestro país comenzó a finales de los 90 y ha sido un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años. Aunque el porcentaje con respecto a las cifras de migrantes adultos sigue siendo baja y también con respecto al total de niños extranjeros que viven en España, que supera el medio millón.
En estas décadas, el perfil no ha cambiado demasiado. Siguen siendo en su mayoría adolescentes de Marruecos y Argelia, aunque poco a poco ha ido aumentando el número de los que provienen, sobre todo, de distintos países de África Subsahariana. La inmensa mayoría de ellos huyen de la pobreza, de la exclusión y la falta de oportunidades. Algunos también buscan protección a causa de la violencia en sus países de origen.
¿Qué sabemos de sus familias?
Aunque algunos puede que hayan perdido a sus padres o familiares por culpa de la violencia, en muchos de los casos la familia continúa en el país de origen. Habitualmente provienen de familias numerosas con pocos recursos. Abandonan a su familia y su país en busca de una oportunidad, de un futuro mejor.
¿A qué peligros se enfrentan?
Los Menores Extranjeros No Acompañados dependen de las Comunidades Autónomas, que deben garantizar su protección. Ha habido avances en los últimos años, y se han realizado cambios en las leyes para reforzar su protección como la creación del registro o la regulación de las repatriaciones (retorno a su país). Sin embargo, siguen existiendo actuaciones de las propias entidades públicas e incluso algunas normas que les colocan en una situación de vulnerabilidad, e incluso de desprotección que les enfrenta a peligros e incertidumbre.
Las pruebas para identificar su condición de niños. Por norma general, los niños no acompañados no pueden ser expulsados del país ni ser internados en los llamados “Centros de Internamiento para Extranjeros” (CIES). Si el niño tiene documentación o una apariencia clara de menor de edad, su tutela la ostenta la Comunidad Autónoma, que es quien debe garantizar su protección.
Si el niño no tiene documentación, o esta no se considera válida, y hay dudas sobre su edad, el sistema prevé que se le hagan pruebas para determinar la edad. Y ahí nos encontramos con la primera barrera que es el propio sistema de identificación. Se somete a los niños a un uso excesivo de pruebas médicas sin garantías jurídicas suficientes. Además, se trata de pruebas casi siempre radiológicas (radiación) que no dan resultados fiables ni evalúan su madurez psicológica.
Y el segundo peligro viene de una identificación incorrecta. Si a un niño se le identifica incorrectamente como mayor de edad, ya sea por su apariencia o por un error en las pruebas, queda expuesto a vivir en la calle, ser detenido, expulsado del país o ingresado en un Centros de Internamiento de extranjeros (CIE), lo que implica una privación de libertad en contra de la ley.
Una vez identificado como menor de edad, solo puede (y debe ser) retornado/repatriado a su país, si tras una investigación y valoración, teniendo en cuenta su mejor interés, se concluye que el niño tiene una familia con capacidad e interés para cuidarlo o el país tiene servicios sociales que garanticen el disfrute de sus derechos.
Si el retorno no es posible (algo que ocurre en la mayoría de los casos), el niño pasa a ser tutelado por la Comunidad Autónoma correspondiente que lo envía a un Centro de primera acogida, de manera temporal, hasta que se decida una solución más duradera. Esta solución más duradera debe ser su hogar, hasta que cumpla la mayoría de edad. Puede ser un acogimiento familiar o una residencia/piso donde son atendidos por personal cualificado.
La dotación de estos pisos o residencias depende en cada caso de los recursos y el enfoque que cada Comunidad Autónoma otorgue a estos servicios de protección. Lo que está ocurriendo en la práctica es que no todas las residencias o alojamientos donde viven estos menores son lugares adecuados para vivir y desarrollarse. El Defensor del Pueblo visita cada año residencias y alojamientos que no reúnen las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus derechos.
En un contexto de aumento de las llegadas de niños solos a España, es imprescindible aumentar la cantidad y calidad de los recursos destinados a estos sistemas de protección, sobre todo en los lugares y comunidades autónomas donde más se concentran. También hay que apostar por acogerles en familias o, en su defecto, en lugares y con personas que consigan que los niños y niñas se sientan queridos y en casa.
En la práctica, se está dando la situación de que hay niños no acompañados viviendo temporal o permanentemente en la calle. Algunos alegan que las condiciones en los centros no son adecuadas. Por ello es necesario que las autoridades que tienen la tutela tengan una actitud positiva frente a las posibilidades de integración de estos menores de edad y no cesen en el intento de explorar fórmulas que garanticen su protección.
El laberinto de la integración en la sociedad. La integración debería producirse mientras el niño está bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Cada niño tutelado por la administración pública debe tener un plan individual donde se detalle la educación que va a recibir en España y deberían contemplarse medidas específicas de integración para este colectivo.
Sin embargo, aunque existen planes educativos individuales en algunas Comunidades Autónomas, el sistema de protección debe avanzar para que esta integración se produzca. Incluso en el ámbito de la educación, hay mucho abandono escolar entre los niños tutelados, sobre todo si son de origen extranjero porque tienen problemas con la lengua y con el nivel educativo de base.
Durante la minoría de edad, muchos no consiguen integrarse bien en los colegios y barrios donde viven. Aunque entusiasmo no les falta y algunos cuentan hoy historias de éxito, demasiados factores parecen estar en contra, porque están doblemente marcados por las etiquetas “tutelados” y “MENAS”.
Es necesario trabajar, con todos los medios a nuestro alcance, para investigar e informar sobre la situación de estos niños, y estar en contacto permanente con las organizaciones que hacen intervención directa. Y, por supuesto, trabajar con las autoridades implicadas haciendo propuestas concretas para que se garantice su protección. En resumen pedimos: derechos garantizados, soluciones de protección sin tantos requisitos y una apuesta por su integración sin titubeos y sin fecha de caducidad.
Y pensemos un poco, ante estos niños y niñas que cogen los trabajos que no queremos y marcan los goles que no metemos hay que decir que hoy no hay un conflicto social por causa de procedencia geográfica, pero lo habrá mañana si no neutralizamos a quienes pretenden excluirles.