Por sus obras los conoceréis. Si hay un principio útil para evaluar una gestión política es que de nada sirven promesas, buenas caras o sonrisas en la negociación; tampoco la legislación vigente. Al Partido Popular en Andalucía le sobra campechanía y le falta voluntad para apostar por los derechos humanos y la justicia global. Con su mayoría absoluta, sin necesidad de apoyos de otros partidos que le sirvieran de excusa para ceder ideológicamente en puntos concretos, ha vuelto a mostrar que no quiere una política pública de cooperación internacional en la comunidad. Sus discursos en otros espacios pueden ser otros, pero el hecho, lo que es verdaderamente significativo, es que ha recortado nuevamente la Ayuda Oficial al Desarrollo en el presupuesto para 2025: un 13%, hasta dejarla por debajo del 0,04% (¿Alguien recuerda por aquí el 0,7%?).

Hablar de cifras es quedarse con una imagen demasiado aséptica de la realidad. Pero estos recortes, que en los últimos 15 años han supuesto un retroceso del 90% de esta política pública, tienen un impacto muy grave y real, con rostros y nombres: en pleno genocidio, los de la población palestina refugiada que no recibirá asistencia psicosocial, vacunas para niñas y niños o atención para mujeres embarazadas; las comunidades de Mozambique que seguirán sin acceso al agua y al saneamiento y tampoco tendrán garantizada su alimentación; las mujeres y niñas (dos tercios de la población participantes en los proyectos de las ONGD andaluzas) que no podrán dar más pasos hacia la igualdad o dejando atrás la violencia basada en el género; ni siquiera habiendo vivido y conocido tan de cerca las consecuencias del cambio climático con la dana de Valencia se reconoce y respalda el trabajo y la experiencia de las ONG de desarrollo en emergencias similares en otros países, que han aplicado en Valencia en primera línea.

En contra de la voluntad ciudadana

Los hechos también muestran que al Gobierno andaluz le da igual lo que la ciudadanía demande al respecto: según el Barómetro realizado por el Centro de Estudios Andaluces en 2023, el 94% de la ciudadanía andaluza afirma ser solidaria y apoya el impulso de políticas que promuevan la solidaridad entre países. Una población que valora la apuesta por la defensa de los derechos humanos sin plegarse al mantra de “primero los de aquí”: las organizaciones de desarrollo así lo hacen, trabajando en paralelo también con las personas en riesgo de exclusión en la comunidad (un 37,5% de la población en 2023). Por lo que se refiere a los resultados de las políticas de cooperación, su retroceso también afecta a la educación de la sociedad hacia la solidaridad, que construye alternativas a los discursos de odio tan necesarias hoy en día.

El plan para desmantelar la política pública de cooperación internacional en la comunidad (y con ella a un tejido social que ha intentado mantener su trabajo a base de esfuerzos extra y apoyo ciudadano) ya comenzó con el traslado de consejería de este verano a Inclusión Social,  Juventud, Familias e Igualdad, fuera del marco anterior que la vinculaba a las políticas de acción exterior de la Junta de Andalucía y al cumplimiento de la Agenda 2030. Un movimiento que implicaba un retroceso estratégico para la cooperación andaluza; junto a la pérdida de fondos, son dos decisiones que dejan sin sentido el próximo plan director, que entraría en vigor en 2025.

En este marco de desguace, Sevilla acogerá la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas desde finales de junio. Un encuentro internacional de primer nivel en el que la comunidad anfitriona será el peor ejemplo posible, por muchas palabras vacías que use el Gobierno andaluz en sus discursos de bienvenida.

Publicado por la Coordinadora Andaluza de ONGD (19 de diciembre de 2024)