En estas fechas que estamos llevando a cabo el Proceso de Regularización de miles de personas migrantes conviene poner el énfasis en lo que algunos medios y discursos políticos describen como una amenaza, porque los datos muestran lo contrario: España no vive una invasión, sino una relación de interdependencia funcional con los países del Sur Global. En otras palabras, lo que se presenta como un problema es, en realidad, una necesidad estructural. El país necesita población migrante para sostener su pirámide demográfica, su economía y su sistema de bienestar. España necesita aproximadamente un millón de inmigrantes al año hasta 2050 para sostener sus pensiones, mercado laboral, demografía y relevo cultural, porque la autosuficiencia nacional es un puro mito. Desde los años 2000, el crecimiento español ha estado directamente vinculado a la contribución de millones de personas migrantes.
Un ejemplo concreto nos lo facilita el borrador del informe España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles realizado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dependiente de la Presidencia del Gobierno, que ha sido divulgado el miércoles 25 de marzo en el que han colaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el CaixaBank y el Centro de Estudios Demográficos que indica “si los flujos migratorios que llegan a España se redujeran un 30% en los próximos 50 años, el país tendría 15 millones de habitantes menos, perdería nueve millones de trabajadores, experimentaría una caída del PIB del 22% y unos 2.300 pueblos menos” El análisis prospectivo indica que habría 24 millones de personas en edad de trabajar (nueve millones menos que si se mantuvieran las tendencias actuales) y, como consecuencia, el PIB sería un 22% menor, una reducción que equivale a cuatro veces los ingresos del sector turístico en España. Las proyecciones apuntan a que, si cayera un 30% la inmigración en España, bajaría aproximadamente un 28% el número de trabajadores en el sector de los cuidados, mientras que el número de personas mayores dependientes podría aumentar en torno a un 60%, lo que daría como resultado «millones de personas mayores solas y sin cuidados». La pérdida de inmigración también afectaría especialmente a los pueblos: provincias ya amenazadas por la despoblación como Huesca, Soria y Teruel, podrían perder hasta un 28% de su población en 2075.
La publicación compara dos escenarios: uno en el que los flujos migratorios se mantienen en niveles similares a los actuales y otro en el que estos se reducen un 30% respecto a esas proyecciones. La confrontación de estos dos paisajes refleja el impacto que tendría una reducción drástica de la inmigración: podrían cerrar hasta 90.000 bares y restaurantes, cerca de la mitad de los actuales, y 220.000 explotaciones agrícolas, que dejarían de producir frutas y verduras por falta de mano de obra. España perdería además 63.000 médicos y 50.000 aulas.
Se ha elegido el supuesto de una reducción del 30% en los flujos porque es una `posibilidad empíricamente fundamentada. Supondría que la población española se podría reducir en torno a un 25%, hasta los 40 millones de habitantes, en lugar de los 55 millones proyectados si la migración continua como ahora. El informe analiza sectores clave para la economía española y en los que la población migrante tiene un peso importante, como los cuidados, podría generar un desajuste significativo. La publicación apunta que la migración es clave para la sostenibilidad del Estado del bienestar, ya que la población extranjera se concentra en edades laborales, lo que refuerza la base de cotizantes y la recaudación fiscal. Con menos inmigración, financiar las pensiones sería cada vez más complicado: para mantener el nivel actual de prestaciones bajo el escenario de menor inmigración, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros adicionales anuales en 2075.
España no vive una invasión, sino una relación de interdependencia funcional con los países del sur global. A modo de conclusión, el informe señala que la migración constituye un elemento central en la configuración del futuro de España.
Luis Pernía Ibáñez (Plataforma de solidaridad con las personas migrantes de Málaga y presidente de ASPA)