Marruecos, una vez más, ha entendido las declaraciones de Sánchez como una luz verde para ordenar a sus fuerzas militares y paramilitares cometer más violaciones de derechos y saqueos masivos de los recursos naturales.
Pedro Sánchez ha sorprendido al mundo al decidir dar un giro en su posición sobre el Sáhara Occidental, declarando de manera oficial su alineamiento con Marruecos y apoyando su propuesta de autonomía, sin tener en cuenta el derecho internacional ni las repercusiones que puede conllevar esta decisión, no solo en el estado español, sino en la situación de toda la región.
Lo llamativo es que el Gobierno español se había opuesto claramente a la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump, que en diciembre de 2020 reconoció ilegalmente la soberanía de Marruecos sobre nuestro territorio, un territorio pendiente de descolonización según la ONU. Es preciso relatar los últimos acontecimientos para entender la perplejidad ante este anuncio.
El Gobierno se ha mantenido firme durante este último año frente a los continuos chantajes políticos y económicos de Marruecos. Pedro Sánchez se reunió recientemente en Bruselas con el presidente saharaui Brahim Ghali durante la cumbre África-Europa. Y ahora, cuando ha transcurrido un mes, la prensa marroquí revela la impactante carta que ha enviado al rey de Marruecos, donde apoya la propuesta marroquí de “autonomía” para seguir invadiendo y robando riquezas de un territorio ocupado.
Está claro que la decisión de Sánchez no tiene ningún valor jurídico desde la perspectiva del derecho internacional. España sigue siendo la potencia administradora del territorio, ya que no cumplió con el proceso de descolonización. No tenemos que obviar la presión popular y política que ha suscitado este giro dramático que recuerda a los saharauis las mismas traiciones que cometieron los antecesores del presidente durante décadas. Esas acciones pretenden perpetuar la difícil situación y sufrimiento de los saharauis y así avivar el fuego de la guerra que estalló el 13 de noviembre de 2020, tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos.
No es la primera vez que los medios de comunicación marroquíes publican análisis de sus gobernantes donde señalan que “el chantaje y las políticas agresivas son la respuesta que mejor entienden los europeos y Occidente en general”. Ya aplicaron esta lógica durante las marchas organizadas por las autoridades marroquíes contra el gobierno sueco por reconocer en el parlamento a la República Árabe Saharaui Democrática, y contra las declaraciones del ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon cuando recordó el carácter de Marruecos como fuerza de ocupación en el territorio saharaui.
Marruecos, una vez más, ha entendido las declaraciones de Sánchez como una luz verde para ordenar a sus fuerzas militares y paramilitares cometer más violaciones de derechos y saqueos masivos de los recursos naturales. De hecho, esto es lo que Marruecos ha venido haciendo desde la ocupación hasta ahora. Decenas de activistas saharauis han sido detenidos y encarcelados a miles kilómetros de su tierra natal, sometidos a torturas sistemáticas, venganzas y privados de visitas familiares.
La madre del preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi, contó la semana pasada como su hijo había sido sometido a tortura física en la prisión local de Tiflet 2, donde fue golpeado por funcionarios y guardias penitenciarios que le arrancaron la barba con tenazas.
Sultana Jaya y su familia se encuentran bajo arresto domiciliario desde hace casi dos años. Reiteradamente ella y su hermana han denunciado que durante este tiempo han sido violadas varias veces y golpeadas brutalmente, hechos que han documentado con sus teléfonos. En las redes podemos ver los episodios de agresiones a los que han sido sometidas por parte de los paramilitares día tras día.
Estos días la vigilancia a las decenas de activistas en las ciudades ocupadas es continua. Todo con el fin de impedir las protestas del pueblo saharaui ante la posición de Pedro Sánchez. Pero a nuestro pueblo no lo podrán silenciar. Seguiremos saliendo a las calles para defender nuestro legítimo derecho a la independencia.