El 24 de octubre de 1970 los países desarrollados se comprometieron a destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), pero España estaba en esa fecha entre los países pobres o en vías de desarrollo, situación que no abandonó hasta 1981, y por lo tanto tardó 11 años en asumir ese compromiso. Nuestro país no se incorporó  al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE hasta 1991 y su AOD hasta hoy ha estado por debajo de la media de los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo, situada en el 0,3%, y de la media de los países europeos, que es del 0,5%.

Por eso, el anteproyecto de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que aprobó en enero de 2022 el Consejo de Ministros fija destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) “en el horizonte de 2030.”

Pero, luego vino la invasión de Ucrania por el ejército ruso, las sanciones a Putin, las respuestas de Moscú, la subida de los precios, el fortalecimiento de la OTAN, la cumbre de Madrid y el compromiso del Reino de España en dedicar el 2% del PIB a gasto militar. En unos meses todo se ha trastocado, en el nuevo concepto estratégico euroatlántico y asiático no hay lugar para los 17 ODS y la Agenda 2030, tampoco para la cooperación al desarrollo de ese “inestable” Sur que amenaza el flanco meridional integrado por la península Ibérica, Italia y Grecia.

La nueva, pero vieja, hoja de ruta del rearme a toda máquina se lleva por delante promesas y compromisos de las últimas décadas para lograr un planeta más justo y equilibrado. La miopía política de las élites dirigentes roza ya la ceguera al no querer ver que la única solución para neutralizar los riesgos demográficos, climáticos o alimentarios que se dan en la mayor parte de África es invertir de manera honesta y transparente en su desarrollo.

Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, acaba de ver claro que la única manera de frenar los flujos migratorios en el continente americano es la inversión empresarial en los países de Centroamérica como se ha visto en la Cumbre de las Américas celebrada hace semanas en Los Ángeles. Más vale tarde que nunca, pero mucho me temo que el remedio se queda corto ante la magnitud del daño causado por el capitalismo depredador.

Oxfam Intermón cifraba en 2020 en 5 billones de euros la deuda contraída por los países ricos con los más pobres por el incumplimiento del 0,7% de ayuda al desarrollo, sin contabilizar la deuda que se le acumulaba a los países pobres con las ventas de armamento por parte de las naciones desarrolladas del Norte.

Habrá que releer “Las guerras del agua” de Vandana Shiva, publicado en 2004, para entender que las verdaderas amenazas a la seguridad provienen de las injusticias acumuladas por una gobernanza egoísta y excluyente de la inmensa mayoría de la población.

Un dato para la reflexión individual y colectiva cuando la escasez de agua es un problema generalizado en el planeta. El 70% de las desaladoras se encuentran en países desarrollados y el 0,1% en los 100 más pobres. Los estados del Golfo: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait y Catar tienen un tercio de las plantas que convierten el agua del mar en dulce y apta para el consumo humano.

ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN  , vicedecano del Colegio de Periodistas de Andalucía. Publicación original en El Plural